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EL BOTIN DE LOS VALIENTES

Por Elsa Claro

La falta de transparencia en el manejo de los fondos obtenidos por la venta de petróleo en el Iraq invadido y el incumplimiento de medidas inherentes a la Resolución 1483 de ONU, permiten sospechar que entre 13 y 20 mil millones de dólares al menos fueron a dar a bolsillos indebidos.

El dictamen de Naciones Unidas establece que el dinero obtenido del hidrocarburo debía ser empleado en la reconstrucción de la nación árabe y para beneficio de su ciudadanía. El registro sobresaliente indica que más bien se les quita antes que darles algo.

Paul Bremer, el procónsul designado por Washington, abandonó Iraq al término de una teatral entrega de poderes a una nueva ¿autoridad?, también designada por los ocupantes. El dinero no formó parte de ese trámite y a posteriori se duda de que el espurio gabinete esclarezca algo, aún cuando ese capital desaparecido debió encontrarse bajo control del anterior gabinete provisional y pasar al suyo.

Diferentes organismos no gubernamentales vienen advirtiendo sobre el turbio destino de esos y otros haberes nacionales pues la falta de control e informes claros al respecto imposibilitan conocer si fueron malversados.

En abril pasado se nombró un auditor para controlar el ingreso-gasto de cuanto se lograra en la comercialización del hidrocarburo. El acto fue tardío y de poco éxito en lo inmediato.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro norteamericano mantiene su insistencia en que deben continuar privatizándose todas las empresas y entidades posibles en la nación petrolera.

Empeño de malsano tufillo, pero entendible dentro de la lógica de los conquistadores, pues tienen que resarcir gastos y lograr aquello que en realidad los movió a ir tan lejos: controlar la segunda reserva mundial del crudo y todas las ganancias posibles de cualquier negocio –y cohecho- inherente a la guerra.

Los esfuerzos se despliegan en beneficio de firmas norteamericanas, tal como se ha hecho con las concesión de diversos contratos muy ventajosos y sospechosamente allegados a altos miembros del gabinete Bush, como la Haliburton, acusada de darle comida sucia a los soldados norteamericanos desplegados en Iraq, y de haber sobre facturado el cobro de sus servicios al Pentágono, pero sin castigo por ello, quizás debido a la protección de su ex directivo y ahora vicepresidente norteamericano, Richard Cheney. Es criterio muy extendido entre los analistas y politólogos.

El Departamento del Tesoro fue también el encargado de confiscar los fondos iraquíes en el exterior. Desde su sede se afirma que devolvieron a Bagdad unos 4 000 millones de dólares de capital congelado, pero no se pudo seguir el trayecto que supuestamente siguió ese dinero.

Muy probable que tengan razón aquellos que vienen acusando a los estamentos del poder norteamericano de hacer todo, incluyendo fraude económico, para favorecer a los grandes consorcios estadounidenses y justificar con ello, en parte, el dispendio que provocó iniciar la guerra o mantener la brutal conquista.

Parece, sin embargo, que tal como fue imposible mantener ocultas las mentiras para justificar la ocupación, tampoco ha sido muy posible esconder el indecoroso manejo de los bienes del conquistado. Este es un crimen para el cual no previeron ninguna coartada. Tan natural lo ven.

 

 

 

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