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Cazón, Reich y la contra Cubana

Carlos Fazón

Dice Stephen Kinzer que Estados Unidos es una de esas naciones hipócritas que solo acatan principios cuando les conviene. En septiembre del 2001, cuando se conoció la postulación de John Dimitri Negroponte como embajador de Washington ante Naciones Unidas, Zinker escribió en The New York Review of Books que con esa nominación la administración Bush estaba enviando dos mensajes claros. Primero, y dado a que en sus años como embajador en Honduras (1981-1985) Negroponte adquirió reputación de "imperialista de viejo cuño", la Casa Blanca estaba notificando a la ONU que su política exterior "no estaría constreñida por las finuras diplomáticas". En segundo lugar, Kinzer -quien tituló su artículo "Nuestro hombre en Honduras"- advirtió que el nombramiento era parte de "un esfuerzo concertado" para rehabilitar a quienes planearon y organizaron a los contras en la guerra sucia de los ochenta contra Nicaragua sandinista.

Todos tenían un denominador común: eran especialistas en trucos sucios y operaciones encubiertas; varios se habían visto involucrados en "procesos criminales" en Estados Unidos. Entre los "beneficiados", Kinzer mencionó a Roger Noriega, un ex asistente del senador Jesse Helms, designado entonces por Bush hijo, representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Elliot Abrams, ex subsecretario de Estado en la administración Reagan, uno de los arquitectos principales del proyecto contra, quien se declaró culpable de delitos menores por haber engañado al Congreso en el escándalo Irangate y que hoy trabaja como especialista en "derechos humanos" en el Consejo de Seguridad Nacional, y Otto Reich, exiliado cubano con una turbia historia en la fabricación de propaganda negra al servicio de la guerra contra y el Irangate, también investigado por el Congreso.

De todos, Reich es el más pintoresco. En una ocasión comparó la gira cubana de béisbol de los Baltimore Orioles con "jugar fútbol soccer en Auschwitz". Cabildero de Bacardí y Lockheed-Martin (empresa fabricante y proveedora de armamentos para el Pentágono), fue designado en 2002 subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, y en enero pasado Bush lo nombró "enviado especial" de la Casa Blanca para América Latina.

En los últimos años, Reich, ex embajador en Venezuela y representante alterno de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, centró sus actividades en la promoción de una "transición democrática" en Cuba.

Una pieza clave de esa estrategia es el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, que él preside. El consejo está integrado por varias compañías multinacionales, entre ellas, Bacardí-Martini Inc., Coca Cola, Ford-Motors, Chiquita, Kelley Drye and Warren, General Motors, el Miami Herald, Pepsi Cola y Texaco.

Reich asesoró a los legisladores que elaboraron la Ley Helms-Burton y las modificaciones a la sección 211 sobre marcas y patentes. Conocida como ley de la esclavitud o ley Bacardí, la Helms-Burton se abroga un carácter extraterritorial y es prototipo y vanguardia de las leyes colonialistas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se vienen negociando en secreto.

La normatividad contenida en la ley codifica el bloqueo de Estados Unidos y establece con detalle lo que sería una Cuba post Castro. Según la Helms-Burton, el levantamiento del bloqueo solo podrá darse una vez que hayan sido indemnizadas las propiedades confiscadas por Cuba y devueltas a sus antiguos propietarios estadounidenses.

A tales efectos, el Presidente de Estados Unidos nombraría un "coordinador", cuya misión principal sería asegurar la "transición" en la Isla. Ese "coordinador" se encargaría de la distribución de la asistencia de Estados Unidos a Cuba durante un eventual Gobierno de transición.

Llama la atención que en ningún momento se habla de un Gobierno cubano, sino de un "coordinador" nombrado por el Jefe de la Casa Blanca. Es decir, como ocurre en Iraq con el general-empresario Jay Garner, un procónsul. Ese "coordinador" nombraría un Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, que tendría -¡vaya casualidad!- el mismo nombre que el que preside Otto Reich. Según la sección 203 de la Helms-Burton, ese consejo estaría encaminado a coordinar las actividades entre el Gobierno de Estados Unidos y el sector privado, para guiar la llamada "transición democrática" en la Isla.

La ley, aprobada en 1996, impulsa un guión asombrosamente similar al que está en curso en Iraq. Pero para que el plan funcione, Washington necesita crear, financiar y dirigir una fuerza contra en Cuba, similar a la que comandó desde Honduras John D. Negroponte en la guerra sucia contra Nicaragua. Esa es la función que le ha sido encomendada a James Cason, jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y viejo compinche de Reich, Abrams, Noriega y Negroponte en sus aventuras centroamericanas de los ochenta.

En diciembre, Cason declaró a una televisora de Miami que su principal objetivo era reunir a diversos grupos de oposición en torno a un programa de 10 puntos. Identificó a tres líderes visibles del proyecto: Vladimiro Roca, Marta Beatriz Roque y Osvaldo Payá, y admitió que sostenía consultas permanentes con la Fundación Nacional Cubano-Americana y el Consejo para la Libertad de Cuba, dos organizaciones de Miami con antecedentes terroristas.

Su labor -dijo Cason- es "ofrecer información, apoyo moral y espiritual" a personas que "han recibido premios de derechos humanos". Los premios y los gastos para la promoción de "líderes humanitarios" -como Osvaldo Payá, la figura de moda inventada por Carlos Alberto Montaner y promocionada por Washington, Aznar y el PAN mexicano- están presupuestados en el marco de la Helms-Burton y salen del bolsillo de los contribuyentes de Estados Unidos. Es decir, Washington organiza y financia a la "disidencia". O mejor dicho, a los conspiradores que operan en un país del llamado eje del mal y al cual nueve administraciones estadounidenses han tratado de desestabilizar.

(La Jornada, México)

 

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