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Respuesta de la República de Cuba relativa al párrafo 3 de la resolución 66/103 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal”. 16 de mayo de 2012

 

Cuba brinda gran importancia a este tema y considera que el mismo debe ser debatido por todos los Estados Miembros en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El principal objetivo debe ser evitar que se recurra a este principio cuando no corresponda.

El alcance de la aplicación del principio de la jurisdicción universal debe estar limitado, en primer lugar, por el respeto absoluto de la soberanía y jurisdicción nacional de los Estados. La aplicación del principio de jurisdicción universal no puede utilizarse para quebrantar el respeto a la jurisdicción nacional de un país, menospreciar la integridad y valores de su sistema jurídico, o utilizarse con fines políticos y en detrimento de normas y principios del Derecho Internacional.

Los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la igualdad soberana de los Estados, la independencia política y la no injerencia en los asuntos internos, deben ser estrictamente respetados durante los procedimientos judiciales.

Cuba comparte la preocupación del Movimiento de Países No Alineados sobre el ejercicio unilateral y selectivo de la jurisdicción penal y civil extraterritorial de los tribunales nacionales, sin que se fundamente en una norma, tratado o en el Derecho Internacional. Ello es particularmente preocupante por las implicaciones políticas y jurídicas que pudiera traer el uso indiscriminado y selectivo del principio contra las personas que gozan de inmunidad, según las normas del Derecho Internacional.

La inmunidad de los Jefes de Estado, personal diplomático y otros funcionarios de alto rango en ejercicio, concedida en virtud del Derecho Internacional, no debe ser violentada con la aplicación de este principio. La emisión de acusaciones y órdenes de detención contra tales funcionarios, no sólo constituyen un acto contra la normativa internacional vigente, sino que, además, socava el principio de igualdad soberana e independencia de los Estados.

 

Excmo. Sr. Ban Ki-moon
Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas Nueva York

Cuba considera que la aplicación de la jurisdicción universal debe regularse internacionalmente. Dicha regulación debe reflejar la posibilidad de que cuando un país alegue la aplicación del principio de la jurisdicción universal, obtenga previamente la anuencia del Estado donde se produjo el hecho, y de aquel o aquellos países de los cuales el acusado es ciudadano. De igual forma, debe establecer los requisitos para el uso del principio y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que defina su excepcionalidad y supletoriedad.

La aplicación de la jurisdicción universal debe ser supletoria de la acción y jurisdicción nacional de cada Estado, de forma que, cuando los tribunales nacionales asuman el procesamiento y juzgamiento del comisor, no se aplique este principio. De igual manera, debe limitarse a circunstancias excepcionales, cuando no exista otro recurso para evitar la impunidad y debe enfocarse desde la óptica de coexistencia con el derecho nacional y con la jurisprudencia de los tribunales nacionales.

Estas y otras cuestiones controversiales, aún están pendientes de definición por los Estados Miembros, incluyendo la gama de delitos a los cuales se les aplicaría el principio, así como las condiciones bajo las cuales se invocaría. Consideramos que tales delitos deben restringirse a los crímenes de lesa humanidad y deberá instarse solamente cuando se haya reconocido que no existen otros modos de ejercitar la acción penal sobre los comisores.

Cuba es del criterio que no se debe analizar el principio en cuestión al margen de la “Obligación de Juzgar o Extraditar” (aut dedere aut indicare). Si bien ambos postulados tienen como fin combatir la impunidad para ciertos tipos de delitos previstos en instrumentos jurídicos internacionales, resulta necesario diferenciar con claridad ambos tópicos.

La comunidad internacional ha estado identificando un conjunto de crímenes a los que pudiera aplicárseles ambos conceptos, pero aún deberá definir si serán los mismos delitos tanto para la jurisdicción universal como para la obligación de extraditar o juzgar, o si solo habrá coincidencia en algunos de ellos.

La jurisdicción universal no debe confundirse con la Jurisdicción Penal Internacional, siendo esta última institución aquella que es ejercida por los tribunales penales internacionales creados a través de tratados, como es el caso de la Corte Penal Internacional, o por el Consejo de Seguridad, como los Tribunales para la ex Yugoslavia y Rwanda.

En relación con los tratados internacionales, los Convenios de Ginebra de 1949 introdujeron la aplicación de la jurisdicción universal para las violaciones que se califican de infracciones graves.

Conforme al artículo pertinente de cada Convenio, los Estados tienen la obligación de perseguir a las personas acusadas "sea cual fuere su nacionalidad", y deben hacerlas comparecer ante los tribunales nacionales y entregarlas o extraditarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante.

 

Si bien estos Convenios no estipulan expresamente que la jurisdicción deba ejercerse sea cual fuere el lugar en que se cometió la infracción, los Estados tienen una potestad legalmente establecida para perseguir estos delitos de forma universal.

Cuba acoge con satisfacción el establecimiento, durante el sexagésimo séptimo período de sesiones de la AGNU, de un grupo de trabajo para seguir examinando exhaustivamente el tema. Asimismo, reitera su disposición a colaborar constructivamente con este grupo a fin de llevar a cabo un análisis más productivo y eficiente sobre el alcance y aplicación de la jurisdicción universal.

(Cubaminrex- Dirección de Asuntos Multilaterales)

 

 

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