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Intervención del Delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez. Debate interactivo sobre el Estudio Conjunto sobre la práctica de la detención secreta, elaborado por cuatro procedimientos especiales[1]. Consejo de Derechos Humanos. 3 de junio de 2010.
Señor Presidente:
Permítame agradecer a los cuatro titulares de mandato por la presentación del Estudio conjunto sobre la práctica de la detención secreta en la lucha contra el terrorismo.
Si bien reconocemos la valentía de los procedimientos especiales de investigar este importante tema, también debemos expresar nuestra preocupación ante la tendencia a presentar la detención secreta como una práctica repetida en la historia y atribuible a todas las geografías. Tememos que con este enfoque se intente diluir la responsabilidad de Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales por las atroces violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de su supuesta campaña contra el terrorismo. No es la historia el mandato de este Consejo, sino la respuesta a las realidades urgentes de nuestros días.
Señor Presidente:

Cuba felicita que los expertos hayan dedicado un capítulo del estudio conjunto a las detenciones secretas en la lucha contra el terrorismo desde el 2001, con acápites específicos destinados a los programas y acciones de la CIA, las modalidades de complicidad con las detenciones secretas, y la situación de esta práctica bajo la Administración Obama.

La Administración Bush ya quedó para la historia como el mayor depredador del derecho internacional y los derechos humanos. Las cárceles fantasmas, los vuelos secretos de la CIA, los centros de tortura de Abu Graïb, Guantánamo, y Bagram, entre otros, así como la estela de guerra, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de civiles inocentes que dejó tras su paso, hablan por sí solos. El contubernio de sus socios europeos no estuvo ausente en la comisión de tales atrocidades.

La Administración Obama, con la aureola de cambio con que llegó al poder, hizo pensar a muchos que otra realidad era posible. Aún cuando algunas medidas importantes han sido prometidas o implementadas, quedan muchos puntos por aclarar, y sobre todo varias cuestiones pendientes. El anuncio del cierre de su prisión en la Base Naval de Guantánamo es una medida positiva pero insuficiente. Este territorio ilegalmente ocupado debe ser devuelto a su legítimo dueño, a saber, la República de Cuba.

El Estudio Conjunto denuncia que la Administración Obama no ha brindado las necesarias aclaraciones sobre la existencia de detenidos en prisiones secretas en Irak y Afganistán al momento de su toma de posesión, ni sobre qué ha sido de esos detenidos. Los expertos denuncian que la orden de Obama a la CIA de “cerrar cualquier centro de detención que esta opera actualmente” no abarca las instalaciones en las que la CIA detiene a individuos por poco tiempo y de forma transitoria. También se denuncia la creciente importancia y utilización de la Base Militar de Bagram, como centro de detención de personas capturadas fuera de Iraq y Afganistán.

Estos hechos demuestran que Estados Unidos no ha renunciado totalmente a la práctica de la detención secreta y que la sigue utilizando en su supuesta lucha contra el terrorismo. Más aún, el párrafo 164 del estudio conjunto evidencia que la actual Administración incluso defiende ante los tribunales los procedimientos de detención secreta de extranjeros implementados por la Administración Bush.

Por otro lado, la falta de medidas contra los vuelos secretos de la CIA es también descrita en el estudio conjunto como una actitud de complicidad con la práctica de las detenciones secretas. En este contexto, lamentamos que los expertos hayan decidido no adentrarse en los detalles de esta forma de complicidad, en la que están involucrados numerosos gobiernos europeos, varios de los cuáles se han negado incluso a cooperar con investigaciones independientes sobre el tema. Al respecto, agradeceríamos conocer si los titulares de mandatos tienen algún plan de investigar más a fondo este tema, ya sea de manera individual o colectiva.

A pesar de los esfuerzos desplegados, no se han esclarecido todos los hechos, y se desconoce el número total y la identidad de todas las víctimas de detenciones secretas y torturas asociadas a la lucha contra el terrorismo.

Señor Presidente:

La historia ha demostrado que en la lucha contra el terrorismo “no vale todo”. Pero no basta con responder ante la historia. También hay que responder ante la justicia. La violación masiva, flagrante y sistemática de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad, al debido proceso y a no ser sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, no puede quedar impune.

Estados Unidos y los gobiernos europeos concernidos deben cumplir con su obligación jurídica de evitar la impunidad para los autores de tan graves delitos. Los procedimientos especiales deben dar seguimiento al cumplimiento de esta obligación.

Muchas gracias

 

[1] Los cuatro procedimientos especiales son: el Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas.


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