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Nota de respuesta a la solicitud de información de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución de la AGNU 65/213, titulada “Los derechos humanos en la administración de justicia”

11 DE JUNIO DEL 2012

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza, saluda atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y tiene a bien remitir sus comentarios en relación con la Nota RH/mas de 8 de mayo de 2012 referida a la resolución 65/213, titulada “Los derechos humanos en la administración de justicia”.

Cuba es un Estado de Derecho, independiente y soberano, organizado para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.

El aparato del Estado cubano está conformado por órganos legislativos, ejecutivos, administrativos, judiciales, fiscales, de control y de defensa. La Asamblea Nacional del Poder Popular - órgano representativo unicameral - es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República.

La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye.El derecho de acceso a la justicia para todos por igual constituye una importante base para consolidar el Estado de Derecho por conducto de la administración de justicia.

Cuba reafirma la importancia de hacer respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos en la administración de justicia como contribución fundamental para consolidar la paz y la justicia social. La Constitución de la República de Cuba es la Ley Suprema que establece los derechos, deberes y garantías fundamentales de los ciudadanos, así como el carácter obligatorio de su cumplimiento.  

El sistema de protección jurídica de los derechos humanos en Cuba no queda restringido a su formulación constitucional; los mismos están debidamente desarrollados y garantizados en otras normas sustantivas y procesales vigentes[1].

Entre los derechos y las garantías reconocidas en el ordenamiento jurídico cubano se encuentran el derecho a la vida, a la libertad e inviolabilidad de las personas y a su integridad personal; el derecho a no ser encausado y condenado sino por un tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que ésta establece; el derecho a la defensa; el derecho a que no se ejerzan violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar; la aplicación de la retroactividad de la ley penal cuando sea favorable al encausado; la obligación de observar la legalidad, ente otros.

El sistema judicial desempeña un papel esencial en la protección de los derechos humanos. Este sistema es coherente con las decisiones de los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en los que se consagra, entre otras cuestiones, el principio de independencia individual y colectiva de los jueces, pues en su función de impartir justicia los jueces cubanos no deben obediencia más que a la ley.

El sistema judicial cubano se fundamenta en los siguientes principios: a) Independencia absoluta de los jueces individualmente y de todo el sistema de Tribunales en la función de impartir justicia; b) Carácter popular de la justicia, determinada principalmente por la participación de los Jueces Legos junto a los profesionales; c) Carácter electivo de todos los jueces; d) Carácter inamovible y revocable de los jueces; e) Igualdad absoluta de todas las personas ante la ley; f) Integración colegiada de los Tribunales en todos los actos de impartir justicia; g)Presunción de la inocencia; h) Todos los juicios son públicos, salvo en los casos exceptuados por la ley; i) Todas las decisiones de los tribunales son recurribles; j) Todo acusado tiene derecho a la defensa.

Los jueces cubanos son independientes en su función de impartir justicia y no deben obediencia más que a la Ley. Los jueces son elegidos por las Asambleas del Poder Popular. Los jueces profesionales son elegidos, a propuesta del Tribunal Supremo Popular, por tiempo indefinido y sólo pueden ser revocados por aquellas causales previstas en la Ley, lo cual coadyuva a la autonomía e independencia del ejercicio de sus funciones.

La institución del juez lego constituye una de las características esenciales del carácter popular de la administración de justicia en Cuba y, al propio tiempo, una manifestación democrática más de nuestro sistema político. Los jueces legos son aquellos ciudadanos cubanos sin titularidad jurídica, que imparten justicia en las distintas instancias de los tribunales populares de la República de Cuba, en igualdad de derechos y deberes con los jueces profesionales, por un período de cinco años.

Los principios de legalidad, participación ciudadana, la presunción de inocencia, el de objetividad, la reparación del error judicial, la no discriminación, la determinación de la pena, la igualdad entre las partes, la titularidad de la acción penal, la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración, contradicción, apreciación y fundamentación de la pruebas, la protección a las víctimas, así como los demás principios del debido proceso legal y justo, están incorporados al ordenamiento penal vigente y son respetados en la práctica.

En el procedimiento penal cubano, todos los acusados tienen derecho en plena igualdad a las garantías reguladas en la legislación[2].

Cuba cumple con las “Reglas Mínimas Internacionales para el Tratamiento a los Reclusos”. Los fundamentos del Sistema Penitenciario Cubano se corresponden con los principios dimanantes de la Constitución de la República, los consagrados en el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y el Reglamento del Sistema Penitenciario, sobre los que también se sustenta la aplicación de la política penal.

El Ministerio del Interior, los Tribunales Populares y Militares, la Fiscalía General de la República y las Comisiones de Prevención y Atención Social, participan activamente en la protección y aseguramiento de la legalidad en el Sistema Penitenciario. Entre ellos, resulta esencial el papel de la Fiscalía, que cuenta con los Departamentos de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios.

El enfoque progresivo en el tratamiento penitenciario permite a la población penal gozar del beneficio de la rebaja de sanción de hasta dos meses cada año por buena conducta, la transición desde los regímenes de mayor severidad a los de menor, hasta alcanzar la libertad condicional y la modificación de sanciones privativas de libertad por otras no privativas de libertad. El 82% de los internos que egresan, lo hacen sin cumplir totalmente su sanción.

En Cuba está garantizada la asistencia jurídica a los detenidos y se facilitan los contactos personales con sus representantes legales. Se garantiza además la asistencia religiosa de manera individual y colectiva a aquellos internos que la soliciten y se imparte por representantes de las organizaciones religiosas registradas oficialmente en el país. Los internos tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinentes, en un plazo adecuado conforme a la Ley.

Entre las buenas prácticas desarrolladas en materia de derechos humanos en Cuba, cabría mencionar un conjunto de programas, proyectos y acciones desarrolladas para el rescate y orientación de los jóvenes reclusos como parte del perfeccionamiento del sistema penitenciario. La "Tarea 500" es un programa que desde el año 2000 promueve alcanzar mayores niveles de desarrollo en el Sistema Educativo con los jóvenes internos en prisión.

Particular atención se presta al tratamiento diferenciado e individualizado con los internos jóvenes. Estos se encuentran en centros diferentes, aislados de los internos adultos. En el año 2001 se creó un Centro Experimental para Jóvenes en la localidad de San Francisco de Paula en la capital del país, con un modelo pedagógico acorde a las necesidades educativas de estos. Es un centro abierto sin rejas, donde los jóvenes internos trabajan y estudian, realizan deportes, actividades culturales e incluso realizan trabajos en interés de la comunidad y donde se da una participación activa a la familia en el proceso educativo de los mismos. Esta experiencia, por sus resultados, se ha generalizado en todo el país con la creación de nuevos centros con iguales características.

En los centros penitenciarios también se amplió el Subsistema de educación de adultos hasta el 12º grado, que garantiza de manera priorizada la formación de oficios de la construcción, los servicios, la enfermería y de la salud. A ello se agrega la posibilidad de realizar estudios superiores en sedes universitarias organizadas en los centros penitenciarios, efectuándose en el curso escolar 2008-2009, la primera graduación de más de 40 internos en Cultura Física.

Cuba también ha impulsado el uso de medios audiovisuales y de computación con fines educativos en todos los centros penitenciarios para la instrucción escolar. Por otro lado, se promueve la vinculación laboral de los reclusos de forma voluntaria, tras lo que reciben su correspondiente remuneración salarial y el derecho a la jubilación, así como otros derechos sociales, exactamente iguales a los de los restantes trabajadores del país.

Cuba desarrolla la capacitación sobre derechos humanos en la administración de justicia. Constituye una prioridad la capacitación técnico profesional del personal médico, de los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, de los funcionarios del Sistema Penitenciario, y de los operadores jurídicos en general. En los cursos se imparten las normas internacionales reguladas en los principales instrumentos en materia de derechos humanos[3].

 

Para Cuba la administración de justicia va más allá del sistema de justicia penal y abarca otros medios de administrar justicia.

Particular atención brinda el Estado cubano a las decisiones que afecten al niño en la administración de justicia. Cuba reafirma que el principio del interés superior del niño ha de ser una consideración primordial en todas las medidas adoptadas en los juicios, y en todos los asuntos que afecten al niño en relación con la imposición de penas a los padres o, en su caso, al tutor legal o principal cuidador.

De ese modo, en Cuba se ha establecido un procedimiento especial para los asuntos de familia y la creación de salas especializadas para tratar estas cuestiones en los Tribunales Populares de Justicia. Esa experiencia ha contribuido a incluir aspectos novedosos en la práctica judicial.  En ese sentido, se trabaja en garantizar que el niño o niña sea escuchado por el tribunal en un ambiente propicio, donde prime la privacidad durante aquellos litigios en que se discuta lo relativo a su guarda y cuidado[4]. Se ha tenido en cuenta además la Observación General Nº 12 del Comité de los Derechos del Niño relativa al derecho del niño a ser escuchado.

En adición, se trabaja para que los tribunales puedan recabar el parecer de un equipo técnico asesor multidisciplinario en temas de Familia. También se fomenta la especialización de los jueces y juezas para que utilicen adecuadamente las herramientas técnicas que brinda la legislación vigente y, de este modo, redundar en el incremento de la calidad en el tratamiento judicial de las cuestiones comprendidas en el Derecho de Familia.

               Además, las Casas de Orientación  a la Mujer y la Familia, creadas por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) de conjunto con la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), impulsan el tratamiento especializado a los asuntos de familia por parte del sistema judicial. Este tema lo desarrollan en los talleres y sesiones de preparación con líderes comunitarias, directivos de Ministerios y entidades que tienen entre sus funciones la orientación y atención a las personas relacionadas con cualquier conflicto familiar, incluido la violencia intrafamiliar.
               En Cuba también se promueve la Educación Sexual y la capacitación de los profesionales del derecho en esta materia. Se han elaborado materiales de prevención sobre la explotación sexual de menores y se han desarrollado talleres de Educación Sexual. Se ha brindado atención psicológica para minimizar las consecuencias de la explotación sexual. Se impulsó el servicio de orientación jurídica a las víctimas y sus familiares y se brindó acompañamiento institucional en el proceso penal. Se facilitó la coordinación con el Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA) del Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) con apoyo de la UNICEF.
               Las autoridades cubanas también prestan especial atención a los efectos que el encarcelamiento de los padres tiene sobre sus hijos. En este sentido, se desarrolla el Programa “Educa a tu Hijo”, que está dirigido a preparar a las familias de niños de 0 a 6 años, para que eduquen a sus hijos, aún cuando uno de sus padres esté recluido. Este Programa se generalizó progresivamente a los establecimientos penitenciarios de hombres en todas las provincias del país durante el año 2010.
               Las autoridades penitenciarias también brindan atención priorizada a las internas embarazadas y paridas. Las mismas reciben atención médica especializada y son trasladadas a salas especiales materno-infantiles habilitadas en los centros penitenciarios femeninos para su cuidado. El parto es atendido por personal médico y ocurre en condiciones hospitalarias. Les corresponde también una dieta alimentaria reforzada durante el embarazo y hasta el cumplimiento del primer año de vida del niño, período en el que la interna permanece junto a su hijo, garantizándole la lactancia. Se tienen en cuenta también otras opciones de medidas no privativas de libertad teniendo en cuenta el interés superior del niño.
En Cuba está plenamente garantizado el acceso de la mujer a la justicia y el respeto de todos los principios del debido proceso penal en plena igualdad de condiciones con los hombres.

Cuba es uno de los países en el mundo con alta representación de la mujer en el Poder Judicial. Las mujeres son el 73,7% de los fiscales del país y el 71,3% de los jueces profesionales. Además, en el año 2012 se registró la proporción más alta de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular para un 43,3%, por lo que Cuba es uno de los países con más alto índice de participación de las mujeres en el parlamento en el mundo.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

 

Ginebra, 11 de junio de 2012.    

 

 (Cubaminrex/DAM)


[1]La Ley 59 de 16 de julio de 1987 (Código Civil); la Ley 49 de 28 de diciembre de 1984 (Código de Trabajo); la Ley 81 (Ley del Medio Ambiente); la Ley 14 de 1977 (Ley de Derecho de Autor); la Ley No. 24 de 1979 (Ley de Seguridad Social); la Ley No. 1289 de 1975 (Código de Familia); la Ley No. 16 de 1978 (Código de la Niñez y la Juventud); la Ley 62 de 1987 (Código Penal); la Ley No. 7 de 1977, modificada por el Decreto-Ley 241, de 26 de septiembre del 2006 (Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; la Ley No.5 de 1977 (Ley de Procedimiento Penal) y otras leyes, complementan y establecen garantías al ejercicio en Cuba de todos los derechos humanos. Los tratados internacionales suscritos a nombre del Estado cubano o, de su Gobierno, también constituyen parte del ordenamiento jurídico del país.  Cuba ha firmado y/o ratificado los principales instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos.

[2] Entre esas garantías se pueden mencionar. a)Ser informado sin dilación de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él (Ley de Procedimiento Penal, art. 161); b)Disponer del tiempo y de los medios necesarios para la preparación de su defensa, a nombrar un defensor de su elección y a comunicarse con éste (arts. 244 y 281); c) Ser juzgados sin demoras indebidas, sin perjuicio del derecho que le asiste para reclamar la indemnización de daños y perjuicios y demás responsabilidades que procedan (art. 31); d) Solicitar que se le practiquen de inmediato aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa sea de temer que no se puedan practicar en la audiencia pública (arts. 249 y 250); e) Ser condenado en sentencia pública por hechos relatados en la primera de las conclusiones de la acusación, es decir, que se observe el principio de la correlación entre la imputación y la sentencia (arts. 350 y 357); f)Recurrir las sentencias, a fin de que sean analizadas por un tribunal superior.

[3]Entre ellos cabría mencionar: a)Declaración Universal de Derechos Humanos; b)Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; c)Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para las sanciones no privativas de libertad (Reglas de Tokio); f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; g) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; h) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; i) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; j) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

[4] Instrucción 187/07, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 15 de enero de 2008.


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