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Nota de respuesta a la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 65/190 de la Asamblea General, referida a las acciones de los países para combatir la trata de mujeres y niñas. 18 de junio de 2012.

La Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas saluda atentamente a la Secretaría de ONU Mujeres de las Naciones Unidas y se complace en remitir los comentarios del Gobierno de la República de Cuba en relación con la Nota de esa Oficina, UNW/2012/02, en la que se solicita información en virtud de la resolución 65/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto a las acciones de países para combatir la trata de mujeres y niñas.

Cuba considera que la plena realización de los derechos de la mujer ha estado negativamente matizada por el impacto de las políticas neoliberales y la globalización. Son las mujeres precisamente las que más sufren las consecuencias del hambre, las enfermedades prevenibles, el racismo y la xenofobia, la violencia doméstica, la trata de personas, la prostitución forzada, la violencia provocada por las guerras, invasiones, ocupación extranjera y la imposición de medidas coercitivas unilaterales, lo que ha provocado un aumento y expansión de la trata de mujeres y niñas a nivel internacional.

El Gobierno cubano considera la trata de personas, en especial la de mujeres y niños, como una forma inhumana de esclavitud contemporánea, por medio de la cual el ser humano se convierte en una mercancía sin decisión propia alguna, que es trasladada y manejada al antojo de otros seres humanos, lo que constituye una flagrante violación de los más elementales derechos humanos.

Para Cuba, la definición de la trata de personas incluye, además,  la promoción, organización o incitación a la entrada o salida del país de personas con la finalidad de que éstas ejerzan la prostitución o cualquier otra forma de comercio carnal nacional o internacional. Aún se trabaja en una mejor definición legal de categorías como “explotación”, “medios” o “trabajo forzado”. Se asumen, mientras tanto, en términos generales, las definiciones de los acuerdos y tratados internacionales de los que Cuba es parte.

            La mujer, desde su infancia, es considerada por el Gobierno cubano una prioridad a atender y proteger. Esto se manifiesta con particular fuerza en la Constitución de la República de Cuba, en la que aparecen los principales derechos y deberes de la sociedad cubana y de sus mujeres, en especial al existir, en el documento referido, siete artículos (9, 36, 44, 51, 54, 132, 133) en los que se expresa la igualdad entre el hombre y la mujer y el derecho de ésta al trabajo, la educación, a ejercer el voto y ser elegida para cargos de dirección, y de manera especial,  la atención y facilidades necesarias durante su periodo de maternidad.

Estas disposiciones están luego referenciadas para su mejor implementación en otras normativas nacionales, como el Código Penal, el Código Civil, leyes y decretos-leyes y distintas resoluciones de los principales Organismos de la Administración Central del Estado e instituciones  que ejecutan las políticas para garantizar el avance de la mujer como parte del programa de desarrollo social. Todas estas indicaciones normativas aseguran a la mujer cubana una posición digna dentro de la sociedad, en contra de su discriminación o su degradación social.

El delito de trata de personas recoge un marco sancionador esencial que fluctúa entre los 20 y 30 años de privación de libertad.  Además, en todos los casos puede imponerse como sanción accesoria la confiscación de bienes, por el Decreto Ley No. 149/1994, que así lo dispone.

Estas formas degradantes de trato a la mujer, se entienden en las normativas cubanas dentro del delito de la trata de personas en la Ley No. 62/1987 del Código Penal, a través de su Artículo 302, sección cuarta del capítulo I “Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales”, Título XI “Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud.”

En el caso de que la víctima sea una niña (de igual forma ocurre con los niños), la legislación cubana prevé mayor severidad para el responsable o ejecutor de la causa. El Código Penal así lo expresa en lo referente, sobre todo, a delitos donde se involucran menores de edad, tales como los delitos contra la familia, la infancia y la juventud. Por ejemplo, cabe referir a los siguientes delitos:

  • Corrupción de Menores (Título IX, Capítulo III, Sección Primera, Artículos del 310 al 314),  en el que se establece un marco sancionador de entre 2 y 30 años de privación de libertad o muerte.
  • Venta y tráfico de menores (Título XI, Capítulo III, Sección Tercera, Artículos 316),  con un marco sancionador entre 2 y 15 años de privación de libertad.

 

De ocurrir dicho fenómeno, las autoridades especializadas cubanas poseen la posibilidad tecnológica para garantizar la grabación en audio y video de exploración de los menores, para su utilización posterior por los Tribunales con el fin de evitar la victimización secundaria del menor. De igual forma, la capacidad forense especializada se garantiza con los especialistas que conforman los equipos de trabajo en los llamados Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (peritos criminalistas, médicos forenses, psiquiatras, psicólogos y expertos de otras especialidades) que, de ser necesario, participan en las vistas de juicios orales.

En los últimos años, en Cuba se han desarrollado solamente dos procesos judiciales relacionados con el delito de la trata de personas en los que las víctimas participaron como testigos del proceso penal, a quienes desde el inicio del proceso, fueron garantizadas protección y asistencia, en correspondencia con lo refrendado en el artículo 142.2 y 3 del Código Penal:

  • En el 2006, en Santiago de Cuba, se procesó a dos extranjeros que engañaron a bailarinas del cabaret “Tropicana Santiago”, al invitarlas a viajar a su país para trabajar en un centro nocturno, cuando en realidad el propósito era que ejercieran la prostitución.

 

  • En el 2008, en la Isla de la Juventud, se procesó a un ciudadano cubano residente en el exterior que invitó a jóvenes a trabajar en un restaurante del país donde residía, lugar en el que eran forzadas a ejercer la prostitución.

                La Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones, entidades del Ministerio del Interior, cuentan con órganos investigativos y de procesamiento penal encargados del enfrentamiento a los hechos vinculados con delitos sexuales que comprenden la corrupción de menores, el ultraje sexual, la venta y tráfico de menores, el proxenetismo y la trata de personas. Asimismo, el país cuenta con tribunales especializados que, dentro de sus funciones, se encargan de enfrentar los delitos de trata de personas cuando éstos tienen lugar.

                En cuanto a los demás organismos e instituciones cubanas que pudieran participar en el enfrentamiento a dicho fenómeno, bajo el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Penal se establece que todos los organismos, órganos y otras entidades del país, incluso privadas, están en el ineludible deber de suministrar a los tribunales, a los instructores y a la policía, en sus casos respectivos, los informes, datos y antecedentes que estos requieran para la investigación de cualquier delito, entre los que se incluye la trata de personas.

De igual forma, Cuba considera el principio de igualdad y no discriminación  como objeto de atención  prioritaria para la prevención de este fenómeno. Se le otorga así una importancia vital a la educación de la población cubana en este sentido, por lo cual se propone como parte de su Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing: "Continuar  la capacitación de todos los profesionales que influyen o contribuyen a formar conciencia y a proyectar imágenes sobre la igualdad  de género, promoviendo cursos especiales, postgrados y maestrías  sobre el tema”.

La voluntad política para que la mujer alcance plenamente el lugar que le corresponde en la sociedad, y sea así erradicado cualquier intento de trata, comercialización u otro acto degradante para con la niña y la mujer, se expresa en  el Plan de Acción Nacional de la República de Cuba de Seguimiento a la IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer, donde la problemática de la mujer es especialmente  tratada y se  asignan responsabilidades específicas a los organismos para su solución.

En Cuba, la actividad de la delincuencia organizada transnacional no tiene presencia y la trata de personas resulta casi nula, sin registrarse casos con la participación de niños y niñas como víctimas. Esto hace que Cuba no califique como país de origen, tránsito ni de destino para la ejecución de dichas actividades. De igual forma, al no constituir un problema social en Cuba, no ha resultado necesario, hasta el momento, establecer un mecanismo especial a fin de identificar las víctimas de este delito. No obstante, la ley penal cubana asegura que no se sancione a las víctimas de la trata de personas ni que sean procesadas por otros hechos vinculados a la comisión de otros delitos, como la migración ilegal y el trabajo ilegal.

Por otro lado, en materia del enfrentamiento, prevención y combate al fenómeno de la trata de personas, Cuba considera una prioridad la cooperación internacional efectiva, basada en el estricto respeto al Derecho Internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas referidos a la soberanía de los Estados, la no interferencia en los asuntos internos y el respeto a su integridad territorial. En este sentido, Cuba ha realizado acciones concretas que propician la cooperación internacional para la erradicación de la trata de personas y ha participado en las principales negociaciones multilaterales de Naciones Unidas contra la trata de personas de los últimos años.

En el año 2000, Cuba firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y ratificó este importante convenio el 9 de febrero del 2007.  Cuba ha  suscrito, además, 35 convenios con otros países sobre asistencia judicial en la esfera penal, 21 de traslado de sancionados y 8 de extradición.

En el orden operacional, los órganos especializados del Ministerio del Interior sostienen un intercambio de inteligencia a “tiempo real” con los Servicios Policiales homólogos, la Secretaría General de la INTERPOL y sus Oficinas Centrales Nacionales, al ejecutarse investigaciones conjuntas y otras acciones policiales, con resultados positivos para ambas partes.

Cuba ha firmado y ratificado, además, los siguientes instrumentos internacionales:

  • Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, de 1904, que se define como “la movilización de mujeres entre fronteras con propósitos inmorales”.
  • Convenio sobre la esclavitud, de 1926.
  • Convenio para Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949.
  • Convención suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata y las Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956.

 

Si bien entre 1949 y 1999 no se establecieron nuevos instrumentos jurídicos relativos a la trata, se crearon otros instrumentos que guardan relación con el tema y que también han sido ratificados por Cuba, a saber:

  • Convención No. 105 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la abolición del trabajo forzado, de 1958.
  • Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979.  Cuba fue el primer país en firmarla el 6 de marzo de 1980 y el segundo en ratificarla el 17 de julio del mismo año.
  • Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo texto dedica varios artículos a preservar a los niños de delitos relacionados con la trata de personas.  Cuba fue de los 59 signatarios originales de esta Convención, la cual ratificó el 21 de agosto de 1991.
  • Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y la Cooperación en materia de adopción internacional.
  • Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, del 2000.  Cuba presidió el Grupo de Trabajo establecido para negociar y redactar este instrumento y estuvo entre los 10 primeros países que lo ratificaron.

 

Para lograr una cooperación real y efectiva, es imprescindible que cesen las políticas de doble rasero, las posiciones hegemónicas y las evaluaciones o certificaciones unilaterales de buena conducta de otros países.  Un ejemplo de política discriminatoria y selectiva, que debe cesar de inmediato, es el informe anual que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas en el mundo. En este ejercicio, el Gobierno de los Estados Unidos se ha arrogado el derecho a acusar infundadamente a otros países de promover el fenómeno de la trata, para ocultar sus muchos problemas en estas áreas.
La Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas aprovecha la ocasión para reiterar a la Secretaría de ONU Mujeres de las Naciones Unidas el testimonio de su consideración.
(Cubaminrex/DAM)


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