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RECUENTO DE LAS ACCIONES OEA CONTRA CUBA

I. Principales acciones contra Cuba

12 al 18 de agosto de 1959. V Reunión de Consultas de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, Santiago de Chile.

Los gobiernos de Panamá, Nicaragua y República Dominicana habían denunciado a Cuba, acusándola de injerencia en sus asuntos internos mediante el envío de expedicionarios para derrocar a sus respectivos Gobiernos.

Estas acusaciones, aunque no tuvieron los resultados deseados para los intereses yanquis, entre otras razones por la rápida y eficaz denuncia de nuestro país en la que destacan las memorables intervenciones del Canciller Roa, marcaron, sin embargo, una pauta que se repetiría en lo adelante.

La denominada “cuestión” cubana ocupó, desde entonces, un lugar prioritario en la agenda de la OEA y, de conformidad con los intereses de Estados Unidos se comenzaron a sentar las bases para el aislamiento político-diplomático de Cuba y la activación del TIAR para intentar “legitimar” una agresión militar directa contra Cuba.

Es así que los Gobiernos de Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú, solicitan la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación que existía en el Caribe. Esta convocatoria se hizo de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Carta de la OEA. La V Reunión de Consulta se realizó en agosto de 1959 en Santiago de Chile y adoptó la que pasó en denominarse la Declaración de Santiago.

En aquella reunión si bien no se adopta ningún texto condenando explícitamente a Cuba se conforma el “marco conceptual” que serviría en reuniones posteriores a los propósitos de la política yanqui contra nuestro país que ya estaban decididos en ese momento: aislar a Cuba y preparar las condiciones para la agresión militar.

Durante esta V Reunión de Consulta se estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Paz recibió nuevas facultades. Ambas decisiones debemos registrarlas como la creación o perfeccionamiento de mecanismos hemisféricos que desempeñarían en lo adelante un rol fundamental para la aplicación de las directrices yanquis contra Cuba en el seno de la OEA.

16 al 21 de agosto de 1960. VI Reunión de Consulta. San José, Costa Rica.

Esta reunión celebrada en la capital costarricense tuvo el propósito de adoptar sanciones contra la dictadura de Trujillo, el Canciller Raúl Roa denuncia enérgicamente la política estadounidense cuando expresó:”Si de hacer justicia se trata, debería sancionarse, conjuntamente, a Trujillo y al Gobierno de Estados Unidos.”

22 al 29 de agosto de 1960. VII Reunión de Consulta. San José, Costa Rica.

Esta reunión, enfilada claramente contra Cuba, había sido solicitada formalmente por Perú y acordada por el Consejo Permanente en julio de ese propio año. De la agenda de aquella reunión, por ser los más relevantes para el tema que nos ocupa destacamos: el fortalecimiento de la solidaridad continental y del sistema interamericano, especialmente ante las amenazas de intervención extra-continental que puedan afectarlos; la cooperación interamericana para la defensa de las instituciones democrática americanas contra las agresiones subversivas de cualquier organización, gobiernos o de sus agentes y la consideración de las tensiones internacionales existentes en la región del Caribe, para asegurar la armonía, la unidad y la paz de América.

Aquella reunión adoptó varias resoluciones, pero por su pertinencia destaca la denominada Declaración de San José de cuyo texto citamos sus párrafos operativos 4 y 5.

El párrafo operativo 4 de la Declaración señalaba: “....el sistema interamericano es incompatible con toda forma de totalitarismo y que la democracia solo logrará la plenitud de sus objetivos en el Continente cuando todas las repúblicas americanas ajusten su conducta a los principios enunciados en la Declaración de Santiago de Chile.”

Por su parte, el párrafo 5 hace aún más patente la amenaza cuando proclama que “todos los Estados miembros de la Organización regional tienen la obligación de someterse a la disciplina del sistema interamericano, voluntaria y libremente convenida y que la más firme garantía de su independencia política proviene de la obediencia a las disposiciones de la Carta de la Organización de Estados Americanos.”

Aunque esta Reunión se concibió para analizar la “cuestión” cubana pues, tanto las razones que esgrimió Perú para convocarla como sus resultados no dejaban lugar a la duda, en San José no se adoptaron las tan esperadas medidas “punitivas” contra Cuba. En su lugar, quedaron establecidas las condiciones necesarias, conforme a los términos yanquis, para imponer la exclusión del Gobierno de Cuba en Punta del Este.

Al concluir la cita en Costa Rica, el Representante mexicano dejó constancia por escrito de que para su delegación, el texto de esta Declaración no se aplicaba a Cuba con cuyo proceso, dijo, simpatizaba. Mientras, el delegado guatemalteco se quejó, también por escrito, que la reunión hubiera fracasado en adoptar medidas directas contra Cuba como país responsable de la expansión del comunismo internacional en este hemisferio.

Aquella reunión fue escenario de una de las más memorables batallas diplomáticas libradas por Cuba, cuya delegación encabezó el Canciller Raúl Roa. Baste solo recordar que Cuba no sólo impugnó la agenda del evento, al revelar los propósitos anticubanos de la misma, sino que propuso sustituirla por otra que constituye, por sí sola, una denuncia cabal e incontestable de la verdadera situación que debía enfrentar la Organización en aquellos momentos. Fue así que la propuesta cubana contrapuso el fortalecimiento de la solidaridad de los pueblos de América Latina a la continuidad de las agresiones dirigidas contra ellos por los Gobiernos de Estados Unidos de América a lo largo de la historia; la defensa colectiva de los pueblos de América Latina frente a la agresión económica y militar del Gobierno de los Estados Unidos; propuso considerar la subordinación de los gobiernos latinoamericanos a los dictados del Gobierno estadounidense y exigió analizar la actitud de los gobiernos de América Latina ante los intentos de quebrantar la unidad de los pueblos latinoamericanos mediante la concesión temporal de mercados resultantes de actos de agresión realizados contra otros pueblos de nuestra comunidad, como represalia a su resistencia a la imposición. Como es conocido, en el momento de anunciar la decisión de retirarse de la citada Reunión el Canciller Roa concluyó. “Me voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos de nuestra América.”

En respuesta a los resultados de la Reunión de San José, la Asamblea General del Pueblo de Cuba adoptó la I Declaración de La Habana, mediante la cual rechazó las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos contra Cuba.

En diciembre del año 1961 el Consejo Permanente de la OEA decidió convocar la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a solicitud de Colombia. Dicha convocatoria se hace de acuerdo con los artículos 6 y 11 del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR) lo cual indicaba tanto la intención considerar las amenazas que pudieran surgir de la intervención de potencias extra-continentales capaces de resquebrajar la unidad americana, como el propósito de adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y seguridad regionales.

22 al 31 de enero de 1962. VIII Reunión de Consulta, Punta del Este, Uruguay.

Esta reunión se convocó como Órgano de Consulta del TIAR, tuvo un marcado corte anticomunista y durante la misma se excluyó a Cuba del sistema interamericano, adoptándose un total de 9 resoluciones, de las cuales 4 se refirieron expresamente a nuestro país, a saber:

1. Ofensiva del Comunismo en América. El numeral 1 de esta declaración estableció que al “comprobar una intensificación de la ofensiva de gobiernos comunistas” se señalaba “la presencia de un gobierno marxista leninista en Cuba, que se identifica públicamente con la doctrina y la política exterior de las potencias comunistas.”

2. Resolución VI titulada “Exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación en el sistema Interamericano.” A esta resolución nos referiremos más adelante.

3. Resolución VII titulada “Junta Americana de Defensa”. Luego de apuntar en el penúltimo párrafo del preámbulo que el 26 de abril de 1961 la junta había resuelto que la “participación del régimen cubano en la preparación de los planes para la defensa es altamente perjudicial a la labor de la Junta y a la seguridad del hemisferio”, decidió en su único párrafo resolutivo “Excluir inmediatamente al actual Gobierno de Cuba de la Junta Interamericana de Defensa hasta que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos determine por el voto de dos tercios de sus miembros que la participación del Gobierno de Cuba en dicha Junta no perjudica la labor de ésta ni la seguridad del Hemisferio.”

4. Resolución VIII titulada “Relaciones Económicas”. Al alegar “la intensa actividad subversiva en América a la que se dedican los países del bloque chino-soviético y el Gobierno cubano”, resolvió “suspender inmediatamente el comercio y tráfico de armas e implementos de guerra de cualquier índole con Cuba.”

Resultados de las votaciones más significativos:

Los considerandos de la resolución obtuvieron 17 votos afirmativos, 1 en contra y 3 abstenciones. El voto en contra corresponde a Cuba y las 3 abstenciones a Ecuador, México y Brasil.

El primer párrafo declarativo mediante el cual se señalaba que “el actual Gobierno de Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados, se ha colocado fuera del Sistema Interamericano”, obtuvo 20 votos a favor, incluyendo los de México, Ecuador y Brasil, con el voto en contra de Cuba. El segundo párrafo de esta sección de la resolución que declaraba que “esta situación requiere de la más continua vigilancia de parte de los países miembros de la Organización...” registró igual votación a la del párrafo precedente.

Finalmente, el tercer párrafo dispositivo que resuelve que “esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano”, registró 14 votos a favor, uno en contra y las abstenciones de Argentina, México, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador. El último y 4to párrafo dispositivo que indicaba la adopción “sin demoras” de “las providencias necesarias para cumplir esta resolución”, obtuvo igual votación que el señalado anteriormente.

El conjunto de la resolución también fue votado y los resultados repitieron los alcanzados en las votaciones registradas en la parte resolutiva.

México dejó constancia de que “la exclusión de un Estado Miembro no es jurídicamente posible sin la modificación previa de la Carta de la Organización de Estados Americanos conforme al procedimiento previsto en el Artículo 111 de la misma.”

Ecuador también dejó expresa constancia de que “la exclusión de un Estado Miembro del Sistema Interamericano solo podría hacerse mediante la previa reforma de la Carta...” Y agregó el Representante ecuatoriano, al explicar su abstención en relación con la Resolución VIII mediante la cual se suspende “inmediatamente el comercio y tráfico de armas e implementos de guerra de cualquier índole con Cuba” que su país se abstuvo durante la consideración de este texto por cuanto las “sanciones que empiezan por suspender el comercio de armas con la posibilidad de extenderse a otros artículos, en especial de importancia estratégica, concepto dentro del cual pueden estar los artículos de primera necesidad, de los cuales no se debe privar al pueblo cubano, agudizando su actual situación.”

Julio de 1964. IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Washington, EE.UU.

Fue la última reunión de la OEA durante la cual se adoptaron sanciones directas contra Cuba. A continuación se reproducen algunas citas de la resolución aprobada entonces:

El párrafo 3ro de la parte dispositiva resolvía “aplicar de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6to y 8vo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, las siguientes medidas:

a) Que los Gobiernos de los Estados Americanos no mantengan relaciones diplomáticas no consulares con el Gobierno de Cuba.
b) Que los Gobiernos de los Estados Americanos interrumpan todo su intercambio comercial, directo o indirecto, con Cuba, con excepción de los alimentos, medicinas y equipo médico que por razones humanitarias puedan ser enviadas a Cuba.
c) Que los Gobiernos de los Estados Americanos interrumpan todo transporte marítimo entre sus países y Cuba, con excepción del transporte necesario por razones de índole humanitaria.”

Por su parte, el párrafo 4to de esta propia sección resolvía:

“Facultar al Consejo de la Organización de Estados Americanos para que mediante el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, deje sin efecto las medidas en la presente resolución, desde el momento en que el Gobierno de Cuba, haya cesado de constituir un peligro para la paz y la seguridad del continente.”

Veamos cómo se comportó la votación sobre la parte operativa del precitado texto, registrada el 25 de julio de 1964.

El párrafo operativo 1 mediante el cual se declaraba a Cuba culpable de agresión obtuvo 15 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. México y Uruguay votaron en contra y se abstuvieron Chile y Bolivia.

Un total de 16 países respaldaron el segundo párrafo mediante el cual se condenaba a Cuba por atacar a Venezuela. México y Uruguay registraron su voto en contra del mismo, mientras que Bolivia se abstuvo.

En cuanto al tercer párrafo dispositivo la votación registrada sobre su inciso A) registró 14 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. México, Uruguay, Chile y Bolivia votaron en contra y la abstención corresponde a Argentina. El inciso B) de este propio párrafo mediante el cual se ordenaba interrumpir todo intercambio comercial con Cuba obtuvo idéntica votación que el inciso precedente. Por su parte el inciso C) que disponía la interrupción de todo transporte marítimo con Cuba registró 14 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. México, Chile y Uruguay se opusieron a dicho texto, mientras que Bolivia y Argentina se abstuvieron.

Un total de 17 países apoyaron el párrafo operativo 4 de la resolución que establecía el procedimiento para el levantamiento de las sanciones. México y Argentina se abstuvieron.

Por último, el párrafo operativo número 5 mediante el cual se amenazaba con el uso de la fuerza contra Cuba para “prevenir sus continuas agresiones”, registró 15 votos a favor y las abstenciones de México, Chile, Bolivia y Uruguay.

El conjunto de la resolución obtuvo 15 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. México, Chile y Uruguay votaron en contra y la abstención correspondió a Bolivia.

Venezuela, en ningún caso, ejerció el voto por su condición de “querellante”.

Para mayor referencia, debemos apuntar que durante las discusiones que tuvieron lugar en aquella reunión, tanto México como Chile insistieron, infructuosamente, en que las sanciones no tuvieran un carácter obligatorio.

De esta forma, Estados Unidos extendió a nivel hemisférico el férreo bloqueo que ya venía aplicando contra Cuba. La OEA, una vez más, convalidó la política yanqui hacia Cuba. El 26 de julio de 1964, Cuba respondió a la nueva maniobra de la OEA con la Declaración de Santiago de Cuba. En aquella oportunidad el Comandante en Jefe señaló: “...los países que se inmiscuyen en los asuntos internos de Cuba y promueven la contrarrevolución no tienen ningún derecho a quejarse de que nosotros ayudemos a la revolución en esos países...”

En cuanto a la orden de romper relaciones diplomáticas y consulares con Cuba, vale recordar que esta decisión era solo aplicable a Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y México por cuanto, para ese momento, el resto de los Gobiernos latinoamericanos habían roto sus relaciones con Cuba. Esta circunstancia explica la posición asumida por esos países durante la votación.

Como es conocido, entre agosto y septiembre del propio año 1964, los países mencionados arriba, a excepción de México, rompen con Cuba.

Un temprano estudio elaborado por el entonces Departamento de Organismos Internacionales de nuestra Cancillería al cual se le había encargado analizar la posible aplicación de medidas coercitivas contra Cuba en virtud de lo dispuesto en TIAR, anticipaba el 15 de julio de 1960 el carácter ilegal de la mismas cuando apuntaba “no puede olvidarse que sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resultan inaplicables las medidas coercitivas de cualquier naturaleza que pudieran adoptarse” utilizando los mecanismos de la OEA. Aquel informe –que consideramos preserva total validez y vigencia- sustentaba su opinión en el articulado de la Carta de las Naciones Unidas y, concretamente, en sus artículos 53 y 103.

Es pertinente recordar brevemente lo establecido en los artículos de referencia. El artículo 53 instituye que “No se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad...”

Por su parte, el artículo 103 fija que “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.”

Aunque no es el propósito de este trabajo, debemos recordar que durante los años en que la OEA se constituyó en vehículo para la agresión de los Estados Unidos contra Cuba, nuestro país desarrolló una intensa labor diplomática en la ONU, incluido su Consejo de Seguridad.

Tres años después, durante la XII Reunión de consultas celebrada también en Washington entre julio y septiembre de 1967, se adoptó otra resolución mediante la cual se condenaba a Cuba por “sus reiterados actos de agresión e intervención contra Venezuela, por su persistente política de intervención en los asuntos internos de Bolivia y de otros Estados Americanos, mediante la incitación, el apoyo activo y confeso a bandas armadas y a otras actividades subversivas dirigidas contra los Gobiernos de dichos Estados.”

Aquella reunión no produjo medidas punitivas adicionales. Para entonces, ya las habían adoptados todas.

Debemos recordar que en esta etapa se produjo la Conferencia Tricontinental, el desembarco de Machurucuto, la presencia del Ché y de los internacionalistas cubanos en Bolivia y la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad.

De esta forma, concluye el proceso que llevó a la exclusión total de Cuba del Sistema Interamericano y la aplicación en su contra del bloqueo a nivel hemisférico, proceso que, como hemos visto, se inicia en el propio año 1959 y que tiene como puntos culminantes las Reuniones de Consulta celebradas en Santiago de Chile, San José, Punta del Este y Washington.

II. ¿Exclusión, expulsión o suspensión?

El contenido de la Resolución VI, adoptada en Punta del Este ha servido, durante años, de “fuente primaria” para la presentación de subterfugios jurídicos que pretenden sustentar y alimentar la “polémica” que persiste hasta hoy, según la cual, aquella decisión no eximía al Estado cubano de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los compromisos asumidos en el contexto del Sistema Interamericano, por cuanto se había excluido al Gobierno y no al Estado.

El instrumento para lograr el propósito enunciado arriba ha sido y continúa siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada durante la V Reunión de Consulta durante la cual se inició el proceso de exclusión de Cuba y cuyo mandato se reforzó y amplió mediante la Resolución IX adoptada en la infame cita de San José.

En Nota del 4 de noviembre de 1964, en respuesta a una comunicación de la CIDH, el Canciller Roa dejó sentado lo que ha sido y es la posición de nuestro país: “Cuba fue arbitrariamente excluida de la OEA...Ni jurídica, ni factual, ni moralmente la OEA tiene jurisdicción ni competencia sobre un Estado al que se ha privado ilegalmente de sus derechos.”

El 6 de abril de 1965 el entonces Presidente de la CIDH le respondió a Roa “la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores excluyó al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano. Como Vuestra Excelencia podrá observar, la medida de exclusión fue dirigida al actual Gobierno de Cuba y no al Estado.”

Esta interpretación intentaba encubrir, además, el carácter ilegal de todas las resoluciones aprobadas contra Cuba, aunque muy particularmente de aquella que la excluye, aún vigente.

Sobre el particular, las reservas planteadas por México y Ecuador al concluir el examen de este asunto en Punta del Este son arto elocuentes en tanto indicaron muy claramente que, al no existir un mecanismo para excluir o expulsar a un Estado, no podía recurrirse a tal medida, a menos que se enmendara la Carta. Como ello nunca ocurrió la decisión es, por tanto, ilegal.

Aunque se ha intentado explicar que el uso de la palabra “exclusión” en la Resolución de Punta del Este, obedecía a la imposibilidad de aplicar la “expulsión” pues no existía el mecanismo indicado en la Carta para hacerlo, tal interpretación no escondía que la verdadera intención era, precisamente, expulsar a Cuba, lo cual consiguieron por la vía de excluirla.

De manera intermitente, a lo largo de todos estos años, el tema ha “resurgido” o se ha “replanteado”, aunque la esencia principal de los postulados sigue siendo la misma. Ello dio pié a la elaboración de siete (7) informes especiales de la CIDH sobre Cuba en los años 1962, 1963, 1967, 1970, 1977, 1979 y 1983. Durante la década 1970-1980 la Asamblea General consideró en tres oportunidades los referidos Informes. En todos los casos se produjeron debates sobre el tema que nos ocupa y las discusiones efectuadas reflejaron serias divergencias de opinión.

En 1980, durante la X Sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, y mientras se discutía el informe que sobre Cuba había elaborado la CIDH el año anterior, el representante de la Comisión intentó justificar la “competencia” de la misma sobre Cuba al expresar: “Cuba sigue siendo miembro de la OEA dado que en ningún momento ha puesto en marcha los mecanismos de denuncia de la Carta. El Gobierno cubano no ha dado ninguna muestra de su deseo de retirarse de la Organización.”

En aquella propia sesión, el representante mexicano replicó lúcidamente: “Cuando se expulsó a Cuba de la Organización, ilegalmente en opinión de mi Gobierno, puesto que la Carta no habla de eso, dejó de ser un Estado Miembro. La pretendida distinción entre Estado y Gobierno que se alegó entonces, ha dejado, desde hace mucho tiempo, de tener valor alguno si es que lo poseyó en su origen (...) La circunstancia puramente procesal de la falta de una denuncia formal de la Carta y demás instrumentos que de ella emanan es, a nuestro parecer, insuficiente por cuanto nadie ha reglamentado el procedimiento atinente a expulsiones.”

En abril del 2003, se reabrió la discusión ante la fuerte resistencia de un grupo de países, esta vez mayoritario, a considerar una condena contra Cuba promovida por los Estados Unidos. Los países que objetaron la maniobra, argumentaron que el Consejo Permanente de la OEA no tenía competencia alguna sobre Cuba pues la Isla permanecía excluida del Sistema Interamericano.

La Ayuda Memoria del 25 de abril del 2003, elaborada por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos a solicitud del Consejo Permanente y titulado “La situación de Cuba en la OEA y la Protección de los Derechos Humanos” intenta justificar la competencia de la CIDH sobre Cuba por “la acción que ha venido desarrollando” dicha Comisión con relación al Gobierno de Cuba. El documento en cuestión plantea que la “Comisión ha mantenido el ejercicio de sus competencias en relación al cumplimiento de los derechos humanos en Cuba a través de la elaboración de informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en ese país, o bien mediante sus informes anuales que, como se sabe, contienen observaciones y recomendaciones sobre todos o la mayoría de los Estados Miembros de la OEA.”

Y agregaba:

“Desde un punto de vista jurídico, la CIDH se ha basado para continuar ocupándose de la situación de los derechos humanos en Cuba en el hecho de que este país no ha denunciado ni tampoco ha dado los pasos necesarios para denunciar la Carta de la OEA y, en consecuencia, el Estado cubano continúa obligado a respetar los principios contenidos en ella (...)” Finalmente concluía: “...queda claro que Cuba es un Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos en virtud de la firma y ratificación de la Carta Constitutiva de la OEA (...) Por lo tanto, Cuba es un Estado que está obligado por cada una de las disposiciones de la Carta, incluyendo aquellas relativas a la protección de los derechos humanos.”

Este documento, cuya intención principal fue “legitimar” la competencia del Consejo Permanente, órgano en el que Estados Unidos esperaba imponer la fallida condena a Cuba, afirmaba que el Estado cubano era miembro de la OEA, pero eludía responder la pregunta principal, a saber: la ilegalidad de la exclusión de Cuba.

En la sesión del 23 de abril de ese año durante la cual el Consejo Permanente de la OEA debatió la competencia de ese órgano para considerar la “cuestión” cubana, el Delegado colombiano puso el dedo en la llaga cuando expresó: “Lo que no entiendo es, cómo la dicotomía que se hace entre la exclusión del Gobierno y la jurisdicción de la OEA sobre el Estado cubano, porque (...) con una filosofía de Perogrullo cualquiera pudiera decir: bueno que no venga el Gobierno cubano sino que venga el Estado cubano a participar de las deliberaciones de la OEA. No se qué podría pasar en un país como Colombia en donde el Presidente de la República es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.”

La supuesta dicotomía entre Estado y Gobierno que se alimenta y reitera en la mencionada Ayuda Memoria, ha perseguido un fin claramente identificado: mantener el denominado tema cubano inscrito en la agenda de la OEA de conformidad con los intereses de la política estadounidense hacia Cuba, evitando el referido al “reingreso” para lo cual deben declarar primero el carácter ilegal de la “exclusión”.

III. Fracaso del aislamiento: su certificación y encubrimiento por parte de la OEA.

A inicios de la década de los setentas comenzó el resquebrajamiento del aislamiento político diplomático impuesto por Estados Unidos y convalidado por la OEA. Varios países de la región decidieron desacatar dicha imposición y restablecieron, de manera unilateral, sus relaciones diplomáticas con Cuba.

A ello habría que agregar que, en la arena internacional, decrecían las tensiones entre las grandes potencias de entonces. Los acercamientos y contactos entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China, así lo indicaban.

La nueva situación impactó la OEA que ya en 1970 tuvo que enfrentar la posición del Gobierno del Perú, el cual había expresado su voluntad de iniciar acciones dirigidas a invalidar la prohibición de sostener relaciones diplomáticas con Cuba. Esa actitud se reforzó cuando a inicios de 1972, un comunicado de la Presidencia del Gobierno peruano anunció, públicamente, las intenciones de Lima.

El 24 de mayo de aquel mismo año, la representación de ese país ante la OEA solicitó formalmente la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente. Esa sesión tuvo lugar el 31 de mayo y luego de iniciada la discusión sobre la regularización de las relaciones de América Latina con Cuba, tema introducido por Perú, se produjo una votación para incluirlo en la agenda. Sus resultados fueron: 14 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.

A favor votaron Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador. Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Bolivia se manifestó en contra, mientras que Brasil, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Estados Unidos se abstuvieron.

Los debates identificaron dos tendencias claramente establecidas. La primera, representada por Perú y Chile sugería “saltar” las resoluciones precedentes adoptadas por la OEA contra Cuba teniendo en cuenta que la coyuntura internacional había variado.

El proyecto original peruano eludía la reconsideración de las sanciones consignadas en las resoluciones adoptadas en 1962 y 1964, proponiendo, en su lugar, dejar en libertad a cada país para que restableciera las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba.

El único párrafo resolutivo de la resolución propuesta por Perú planteaba. “Los Estados Miembros que así lo consideren, normalizarán sus relaciones con la República de Cuba, quedando en libertad de hacerlo en el nivel que estimen pertinente.

La otra tendencia, liderada por Estados Unidos e integrada, entre otros, por Brasil y Guatemala, hizo una defensa a ultranza de las normas y procedimientos establecidos por la OEA para la consideración de este caso, como vía para hacer fracasar el proyecto peruano. En esencia, la representación estadounidense recordó las obligaciones contraídas en virtud del TIAR y la resolución de 1964, cuyo texto establecía la necesidad de actuar de “común acuerdo” respecto a Cuba. En consecuencia, EE.UU. abogó por respetar los compromisos asumidos respecto a Cuba alegando que el aludido relajamiento de la situación internacional no había hecho variar el “intervencionismo” de Cuba en América Latina.

Finalmente, la propuesta peruana fue desechada por 13 votos en contra. Votaron a favor de la misma 7 países y otros 3 se abstuvieron. Junto a Perú votaron: Chile, Ecuador, Panamá, México, Jamaica y Trinidad y Tobago. Argentina, Venezuela y Barbados se abstuvieron y, junto con Estados Unidos, votaron en contra de la resolución: Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

La derrota del proyecto peruano en la OEA, no impidió ni retardó el proceso de reestablecimiento de relaciones de América Latina y el Caribe con Cuba. En el propio mes de julio de 1972, Perú restableció sus vínculos diplomáticos con Cuba. El 8 de diciembre, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago decidieron soberanamente establecer relaciones diplomáticas con Cuba. En mayo de 1973 lo hizo Argentina. Posteriormente, Panamá también desacató la prohibición.

Esta tendencia, ya irreversible, fue motivo de preocupación. El 27 de junio de 1974 se reunieron los cancilleres de Venezuela y Costa Rica. En aquella cita, el Canciller venezolano le había adelantado al costarricense que reestablecerían las relaciones diplomáticas con Cuba, pero que desearían proceder de común acuerdo con otros gobiernos amigos. El Canciller de Costa Rica le respondió por escrito a su colega venezolano el 18 de julio de aquel año.

En su misiva, Gonzalo Facio, al sustentar la negativa tica a acompañar el procedimiento venezolano, señaló que la razón de la misma “se basa en el afán de no contribuir a aumentar el descrédito que ya sufre el Pacto de Río. (...) El hecho de que seis países miembros de la OEA mantengan relaciones con Cuba pese a lo dispuesto en aplicación del TIAR por la resolución I de la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es suficientemente grave como para poner en duda la autoridad del Pacto de Río. Si ahora 3 ó 4 ilustrados gobiernos americanos más decidieran reanudar sus relaciones con el Gobierno cubano estando aún vigente la citada Resolución I, el desprestigio sería total.” Y, finalmente, concluía: “En razón de lo expuesto, hemos pensado que es indispensable realizar un último esfuerzo”, asegurando que se podrían reunir los dos tercios necesarios para que la OEA certificara si el Gobierno de Cuba “había cesado de constituir un peligro para la paz y la seguridad” continentales.

Aunque la evaluación que hizo Facio retrataba, casi con exactitud, la situación de total desprestigio en que la nueva situación colocaba a la OEA. Quedaba claro que el propósito de la maniobra por él iniciada se encaminaba a reabrir el “juicio” contra Cuba para obstaculizar o, en su defecto, “reglamentar” lo que, en definitiva, estaba ocurriendo por fuera de la organización interamericana: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.

La intención de la propuesta costarricense motivó la indignación de aquellos que habían restablecido sus relaciones con Cuba o estaban en vías de hacerlo, en tanto equivalía a “solicitar la autorización” de la OEA para hacer lo que ellos ya habían decidido en ejercicio de sus derechos soberanos.

De cualquier forma, en noviembre de 1974 tuvo lugar la XIV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Quito, convocada por Colombia, Costa Rica y Venezuela, con el propósito de revocar las sanciones impuestas a Cuba por la IX Reunión de Consulta y dejar en libertad a los miembros de la OEA para que restablecieran las relaciones diplomáticas con Cuba.

Como antecedente necesario, debemos señalar que ya la III Asamblea General de la OEA había reconocido expresamente el “pluralismo político” como uno de los principios fundamentales de las relaciones entre sus miembros. Esta decisión sugería que la OEA comenzaba a distanciarse de la senda que había regido su actuación hasta ese momento, creando un espacio más favorable para debatir el levantamiento parcial de las sanciones contra Cuba.

En Quito, no se lograron los dos tercios necesarios para revocar las sanciones de 1964.

En mayo de 1975 tuvo lugar en Washington la V Asamblea General ordinaria de la OEA durante la cual se presentó el Informe de la Comisión Especial para estudiar el Sistema Interamericano y proponer medidas para su reestructuración (CEESI). El Informe en cuestión proponía la aprobación de un nuevo texto para el artículo 17 del TIAR, considerado como el mayor obstáculo para erradicar las sanciones contra Cuba. El nuevo texto señalaba que se requeriría el voto de una mayoría absoluta y no de dos tercios (como planteaba la versión original del referido artículo) para dejar sin efecto cualquier medida coercitiva.

En correspondencia con lo indicado arriba, la Asamblea General aprobó una resolución, la cual, luego de reafirmar el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA como norma fundamental del Sistema Interamericano, establecía que “una vez que se apruebe el Protocolo de Reformas al TIAR en base a las recomendaciones de la CEESI, se resuelva dejar sin efecto las disposiciones pertinentes de las resoluciones adoptadas para aplicar las medidas contempladas en el artículo 8 del TIAR (...)”

La Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del TIAR que tuvo lugar en julio de 1975 en San José enmendó el mencionado Tratado de la siguiente forma:

“El Órgano de Consulta, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo, adoptará todas sus decisiones o recomendaciones, por el voto de los dos tercios de los Estados Partes.”

“Para dejar sin efecto las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 8, se requerirá el voto de la mayoría de dichos Estados.”

También en julio de 1975 y tras concluir la Conferencia de Plenipotenciarios, se desarrolló, en la propia capital costarricense, la XVI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual resolvió:

“Reafirmar solemnemente el principio de no intervención e instar a los Estados Partes a que velen por su observancia en el ámbito continental...”

“Dejar en libertad a los Estados Partes del TIAR para que de acuerdo con la política e intereses nacionales de cada uno; normalicen o conduzcan sus relaciones con la República de Cuba al nivel y la forma que cada Estado estimare conveniente.”

Aún cuando la decisión adoptada dejó sin efecto sólo una de las medidas coercitivas adoptadas contra Cuba durante la IX Reunión de Consulta de 1964, este resultado constituyó una suerte de “certificación” de la derrota yanqui, consecuencia directa del proceso de restablecimiento de los vínculos político-diplomáticos que se venían desarrollando al margen de la Organización.

Sin subestimar el impacto que tuvo dicha decisión, debemos consignar, sin embargo, que el efecto real de la “liberación” fue limitado. Como ya hemos dicho, varios países habían decidido “liberarse” por su propia cuenta, independientemente de lo que decidiera la OEA sobre este asunto. De hecho, la primera gran oleada de establecimiento o reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba se produjo antes del mes de julio de 1975.

Adicionalmente, este resultado facilitó una aceptación “digna” por parte de Estados Unidos de la derrota de su política contra Cuba, por cuanto la OEA había dejado sin efecto la prohibición. Esta vez, la OEA sirvió para enmascarar o encubrir la derrota yanqui.

Debemos señalar que durante el proceso que se desarrolló en la OEA a mediados de los años setentas, hubo mucho debate, aireado profusamente por la prensa, sobre las iniciativas que se encaminaron entonces, dirigidas tanto a la suspensión de las sanciones, como al reingreso o reincorporación de Cuba a la organización interamericana. Múltiples pronunciamientos de nuestro Comandante en Jefe fijaron públicamente la postura de Cuba sobre el particular. El 1ro de mayo de 1973 Fidel abordó con amplitud el tema al señalar: “Estas iniciativas tenían un objetivo positivo, y constituían un desacato a la influencia de Estados Unidos en la OEA, constituían un gesto de rebeldía frente a las imposiciones de Estados Unidos, sosteniendo entre otras cosas, que cualquier país latinoamericano tenía derecho a establecer relaciones con Cuba, independientemente de la OEA. (...) Nosotros agradecemos a los diversos países que con un espíritu positivo proclamaron el derecho de Cuba a pertenecer a la organización regional. Pero es que a nosotros a esa actual organización, a la OEA, no podemos ni debemos regresar jamás.” Y agrega: “Hay que ver si un país revolucionario como Cuba, después de toda su larga experiencia histórica, puede considerar que tal institución sea digna de que se pertenezca a ella.” En otra parte de aquella intervención Fidel concluyó: “Y hoy, este Primero de Mayo, nosotros decimos que la OEA es incompatible con el marxismo-leninismo. Es incompatible con la dignidad de nuestros pueblos, es incompatible con los intereses de nuestros pueblos, es incompatible con el futuro de América Latina.”

El Jefe de Estado cubano contrapuso a la OEA una organización de integración latinoamericana y caribeña que definió: “Nosotros estamos dispuestos a pertenecer a una organización regional que, en primer lugar, no tenga su sede en Washington, sino en una capital latinoamericana. Una organización regional que defienda los intereses de los pueblos latinoamericanos y de habla inglesa del Caribe frente a las agresiones imperialistas, es decir: frente a las agresiones de Estados Unidos, y una organización regional que luche por la unión de nuestros pueblos. Y dentro de esa organización regional no tienen por qué estar los Estados Unidos de Norteamérica.”

IV. El dictamen del Comité Jurídico Interamericano sobre la Ley Helms-Burton.

La aprobación de la Ley Helms-Burton generó, rápidamente, una ola de rechazo mundial. En nuestra región, la legislación fue rechazada desde el comienzo por el CARICOM y el Grupo de Río, entre otros. Varios países iniciaron el proceso de adopción de las denominadas leyes antídotos.

El 4 de junio de 1996, durante la XXVI Asamblea General de la OEA se presentó a consideración de la máxima instancia de la Organización el proyecto de resolución titulado “Libertad de Comercio e Inversión en el Hemisferio”, el cual contaba con el patrocinio de 32 países. El texto de la resolución solicitaba la opinión consultiva del Comité Jurídico Interamericano sobre los efectos de la referida Ley.

La resolución se aprobó por votación de 23 a favor y contó con la abstención de Estados Unidos. Un total de 9 países patrocinadores no participaron en la votación.

El 23 de agosto del propio año 1996, el Comité Jurídico Interamericano emitió en dictamen mediante el cual concluía que “los fundamentos y eventual aplicación de la legislación (...) no guardan conformidad con el derecho internacional.” Y agregaba: “(...) ningún Estado puede tomar medidas no conformes al derecho internacional sin incurrir en responsabilidad.”

Posteriormente, la XXVII sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima en 1997, aprobó el dictamen del Comité Jurídico Interamericano mediante resolución de igual título a la aprobada en Panamá. Desde entonces, en cada nueva sesión de la máxima instancia de la OEA, se aprueba una resolución sobre la libertad de comercio e inversión. Aunque estos textos mantienen la naturaleza procesal del original, dejamos constancia de su existencia en tanto constituyen un desafío a la política de Estados Unidos.

Por su parte, Estados Unidos rechazó la capacidad del CJI para considerar alegando que no es función de dicha instancia evaluar el derecho de cada Estado Miembro a emitir leyes que juzgue de su beneficio y de salvaguarda de sus intereses nacionales.

Más allá de sus limitaciones, la opinión consultiva emitida por el CJI, aunque no es vinculante, tiene el valor moral de representar una evaluación jurídica de la legislación yanqui, a la cual califica sin ambages de ilegal en virtud de las normas del derecho internacional y de la propia carta de la OEA. Adicionalmente, tanto el contenido del documento en cuestión, como los resultados de la votación registrada en Panamá, constituyeron actos de insubordinación regional frente a la política de Estados Unidos. Tratándose de un texto de la OEA, su importancia relativa aumenta hoy.

V. Antecedentes del tema del reingreso, reincorporación o readmisión de Cuba a la OEA.

En el acápite anterior, consideramos el proceso que concluye en 1975 con el “desmonte” parcial de las sanciones impuestas contra Cuba en 1964.

A finales de la década de 1980, algunos pronunciamientos realizados en el contexto de la Cumbres del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política o Grupo de Río, sirvieron para que el tema del reingreso de Cuba a la Organización hemisférica volviera a ocupar cierta relevancia en la agenda del hemisferio.

Durante la primera Cumbre del referido Mecanismo celebrada en Acapulco en noviembre de 1987, los Jefes de Estado de Brasil, México, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay hicieron declaraciones públicas subrayando la conveniencia de la integración de Cuba a la OEA. En carta dirigida a los Jefes de Estados participantes en la mencionada Cumbre de 7 de diciembre de 1987, el Comandante en Jefe aludió expresamente aquel llamado al expresar: “Esas manifestaciones, en sí mismas, muestran los cambios ocurridos en el Continente desde el infausto día en que Cuba fue separada de la Organización de Estados Americanos. Consideramos conveniente subrayar que Cuba ha mostrado su invariable fidelidad a los principios de unidad e integración latinoamericana y caribeña que la Revolución Cubana, inspirada en José Martí, ha tenido como divisa permanente.”

Aquí, el Jefe de la Revolución Cubana, constató el cambio registrado en la región, pero subrayó la fidelidad de Cuba a la integración latinoamericana. Es decir, se reconoce el llamado como una manifestación de independencia regional frente a Estados Unidos, pero el reingreso de Cuba queda hábilmente desechado al indicarse con claridad lo que constituye el asunto prioritario para Cuba: la integración regional.

VI. EL Grupo de Río y la OEA: entre el derrumbe socialista europeo y el apogeo neoliberal en nuestra región.

A mediados de los años ochentas y en torno a los esfuerzos de paz en Centroamerica que lideró el Grupo de Contadora constituido por México, Venezuela, Colombia y Panamá, se decidió crear un foro de concertación política regional más amplio, cuya constitución tuvo lugar en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Con una base de principios acordada a tenor de las normas cardinales del derecho internacional y la tradición política y cultural latinoamericana, el Grupo, según el tinte político de los gobiernos que lo integraban en cada momento osciló entre el injerencismo político y la búsqueda de un camino propio, mientras se establecía como un foro auténticamente regional. Sus acciones resultaron a veces concomitantes con las de la OEA, pero cada vez con más fuerza, plantearían nuevos desafíos a la desprestigiada organización hemisférica.

En 1989 tuvo lugar en Ica, Perú, la III Cumbre del Grupo de Río. Los Gobernantes latinoamericanos asistentes, por primera vez, incorporaron al cuerpo de la Declaración adoptada a nivel de Presidentes, el siguiente párrafo: “Aspiramos a que la OEA tenga una total representatividad hemisférica y, por tanto, una mayor relevancia política. Hacemos un cordial llamado para que en su oportunidad los Gobiernos de Belice, Canadá, Cuba y Guyana se incorporen plenamente a los trabajos de la OEA.”

La tímida y casi neutral aspiración del Grupo de Río generó algunas expectativas y mereció una decidida acción de Estados Unidos encaminada a obstaculizar cualquier reapertura del debate sobre el reingreso de Cuba a la OEA en términos distintos a los estadounidenses. Una nota de prensa del Departamento de Estado condicionó la readmisión de Cuba a la Organización hemisférica a la celebración de elecciones libres, mejoría en la situación de los derechos humanos, la aplicación de la glasnost y la perestroika en la Isla, así como al abandono del intervensionismo de Cuba en Centroamérica. La maniobra yanqui fue efectiva y logró evitar que se analizara el “caso” en la Asamblea General de 1989.

La caída del socialismo europeo y la posterior desintegración de la URSS colocaron a Cuba en una situación de doble bloqueo. A ello debe añadirse el notable incremento de las tensiones con los Estados Unidos en el verano de 1994 a raíz de la crisis de los balseros en el verano de aquel año.

Fue, precisamente, en medio de aquella coyuntura internacional, caracterizada por la euforia triunfalista de Estados Unidos y sus aliados, durante la cual se consideró inevitable la caída de la Revolución Cubana, que el tema del reingreso de nuestro país adquirió un nuevo impulso, esta vez, sujeto a condicionamientos injerencistas.

La V Cumbre Presidencial del Grupo de Río celebrada en Cartagena de Indias en diciembre de 1991, emitió una Declaración sobre la “situación de Cuba.” Luego de expresar “su disposición a la plena cooperación” para que nuestro país alcanzara “la vigencia de los derechos humanos y un desarrollo económico abierto y libre” manifestaron:

“Esperan que el Gobierno de Cuba alcance las metas políticas, económicas y sociales que permitan a esa hermana y noble nación, concretar esos objetivos, así como su tan deseada reinserción en el sistema interamericano.”

Tres años después, en la VIII Cumbre realizada en Brasil en 1994, ese Mecanismo adoptó una nueva declaración sobre Cuba. Por su pertinencia para este trabajo citamos dos fragmentos de aquella declaración:

“....para evitar un mayor sufrimiento del pueblo hermano es indispensable una transición pacífica para un régimen democrático y pluralista en Cuba, que respete los derechos humanos y la libertad de opinión, en consonancia con la voluntad popular.”

“...consideran que, en este momento crítico, pueden y deben encaminar un diálogo constructivo con Cuba que contribuya al proceso interno de democratización del país hermano. Aspiran, de esa forma, a una aproximación mayor de Cuba con los países latinoamericanos y caribeños, así como a su plena reincorporación a la convivencia hemisférica.”

En un continuismo de las viejas practicas regionales, el texto repetía el mismo error de trazar las pautas o condicionamientos que Cuba debía cumplir para su reincorporación a la “convivencia hemisférica”. Al hacerlo, validaba las “razones” que motivaron la exclusión de la Isla de la OEA, pues, según la concepción prevaleciente dentro del Grupo, no era “compatible” con el Sistema interamericano un Gobierno que requeriera “una transición pacífica para un régimen democrático y pluralista (...), que respete los derechos humanos”.

De esta forma, la revocación de la exclusión quedaba subordinada a la aceptación por parte de Cuba de las condiciones impuestas. Ni siquiera la denominada “reincorporación” era el asunto central. Este documento, reflejo de una suerte de “fundamentalismo” capitalista que no tolera el pluralismo en las relaciones internacionales, situaba la discusión en los términos deseados por Estados Unidos.

El contenido de la Declaración de Cartagena, tuvo particular importancia, sobre todo, porque el anfitrión de aquella Cumbre, el entonces Presidente de Colombia, César Gaviria, resultaría electo poco después como Secretario General de la OEA.

Gaviria, hizo su primera intervención en calidad de Secretario General de la OEA durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Haití en 1995, ocasión que aprovechó para referirse a la “cuestión” cubana de esta forma:

“Cuba merece una oportunidad por parte de la comunidad interamericana. (...) Si bien es necesario reconocer que muchos de los elementos que podrían conformar una solución tienen una dimensión bilateral, llegado el momento va a ser ineludible que la comunidad interamericana asuma responsabilidades (...) Ante el colapso del comunismo nadie duda de la necesidad de que Cuba avance sin pausa en la reforma de su sistema económico y de su sistema político. En Cuba debe llevarse a cabo un proceso que implique mayores libertades económicas y un avance hacia un sistema pluralista y de libertades políticas y de respeto por los derechos humanos. (...) ¿No se habrá llegado la hora para que la comunidad interamericana juegue un papel mucho más activo en este tema? ¿No será necesario que iniciemos pronto una reflexión interna sobre la manera de jugar un papel constructivo en el trabajo por lograr mayores libertades políticas y económicas en Cuba y por iniciar su reinserción en el sistema interamericano?”

El enfoque de Gaviria, proponía “reabrir” el “caso cubano” y su “instalación” permanente en la agenda de la OEA, no para reparar la injusticia histórica que representó la exclusión, sino con el propósito de contribuir a la “democratización” de Cuba. Para la organización interamericana se reservaba el papel de “coordinador” del proceso.

Cuba debía someterse a las condiciones expuestas a cambio de su “reinserción” en el Sistema Interamericano. Después de todo –parecía sugerir el Secretario General-, el fracaso del comunismo en Europa hacía inevitable tal desenlace. La causa esencial de la situación que se pretendía analizar: el bloqueo y la política de Estados Unidos en contra de Cuba, se abordaba de manera indirecta, pero aún así fue apartada rápidamente para no distraer la atención sobre el punto central de este enfoque: Cuba era el problema a resolver.

Como complemento a lo ya señalado, Gaviria comenzó a promover algunas acciones encaminadas a propiciar una participación “gradual” de Cuba en el Sistema Hemisférico. Al respecto, se destacaron sus ideas de incorporar a nuestro país al proceso hemisférico mediante el fomento de medidas de confianza, lo cual contó con el apoyo de Canadá y Brasil. Otra propuesta fue la eventual participación de Cuba en la estrategia hemisférica de lucha contra las drogas. El “gradualismo” de Gaviria tenía el propósito de sacar el denominado tema cubano del impasse en que se encontraba.

En 1998, Ricardo Santamaría, quien había sido Asesor de Gaviria y en ese entonces era el Embajador colombiano en La Habana, indicó a funcionarios cubanos en fecha previa a la celebración de la XXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que el Secretario General, en coordinación con las Cancillerías de México, Brasil y Canadá, se proponía promover un grupo de acciones para impulsar la evaluación del tema Cuba en la cita. De acuerdo con este mensaje, Gaviria aprovecharía el discurso de apertura para mencionar, en términos que no dañasen a Cuba, la importancia de que la Organización no desconociera por más tiempo el tema de su reincorporación, aprovechando el positivo impacto generado por la visita a Cuba del Papa. Posteriormente, Rosario Green, la Canciller de México, propondría otorgar un mandato al Secretario General para convocar a un grupo de países amigos interesados en el tema, que buscasen convergencias en torno al reingreso de Cuba a la organización. Brasil, Canadá, Colombia, Perú y los caribeños apoyarían la propuesta mexicana.

El divorcio entre lo previsto y lo que aconteció en realidad, comenzó desde el discurso inaugural de Gaviria cuando expresó:

“Lo que hoy resulta pertinente es estar atentos a las oportunidades que eventualmente se presenten para contribuir a buscar una solución al que aun constituye el problema político mas importante por resolver en el hemisferio. Muchos en América quisiéramos ver que a este problema se le apliquen las fórmulas de diplomacia, negociación y gradualismo que han resultado eficaces en otras regiones. Tenemos siempre la expectativa de que en la medida en que se logren disminuir las tensiones, y se avance hacia mayores libertades públicas y económicas y a una mayor protección de los derechos humanos en la Isla, será posible considerar el regreso de Cuba al Sistema Interamericano.”

A diferencia de México y los caribeños que defendieron el reingreso de Cuba a la OEA sin condiciones, Brasil apoyó los condicionamientos que el propio Gaviria había señalado en su discurso inicial. La delegación yanqui que se había preparado para enfrentar el desafío que suponía abordar tan temido tema, se contentó con apoyar irrestrictamente el resumen de los debates que hizo el entonces Canciller de Venezuela Burelli Rivas, en los términos siguientes:

“....tiene que partir de una aspiración, de un planteamiento que haga el propio país interesado,(...) de su lado está el balón. No podemos admitir ni proponer la admisión de un antiguo miembro fundador (...), si no ha manifestado la intención de volver, y de volver en las condiciones en que se entra en esta Organización.”

Esta evaluación, endosada por Estados Unidos, “congeló” el tema, situando el “problema” en la parte cubana, de cuyo acatamiento de las consabidas condiciones, dependía su “solución”. En esencia, para “reingresar”, Cuba debía enfrentar un “proceso de readmisión”.

Como consecuencia de esas conclusiones, Estados Unidos logró su objetivo de congelar una vez más el debate. En efecto, pudo constatarse un declive en la consideración de este tema en los años posteriores a la Asamblea de Caracas. Entre 1999 y el 2003, el Secretario General de la OEA eliminó de sus discursos inaugurales toda mención a Cuba en las asambleas generales subsiguientes, celebradas en Guatemala, Canadá, Costa Rica, Barbados y Chile, contribuyendo a bajar el perfil de tan espinoso tema.

Ello no significó que el tema fue silenciado totalmente, pero su consideración tuvo, más bien, una naturaleza “deliberativa”, sin que interviniesen acciones específicas en un sentido o en otro.

Como parte de la campaña contra Cuba orquestada a raíz del encarcelamiento de un grupo de contrarrevolucionarios y el fusilamiento de los tres secuestradores de la lancha de pasajeros “Baraguá”, entre abril y mayo del 2003 Estados Unidos se esforzó infructuosamente por lograr una condena anticubana en el Consejo Permanente de la OEA. Durante este periodo se circularon tres proyectos de documentos condenatorios. El primero correspondió a una resolución nicaragüense patrocinada por Estados Unidos, Uruguay y Costa Rica. La fuerte resistencia que encontró ese texto entre una mayoría de los países miembros, obligó a Nicaragua a presentar un proyecto de Declaración del Presidente del Consejo, la cual tampoco prosperó, ante las reticencias del propio Embajador guyanés que presidía el órgano en ese momento.

Finalmente, Canadá, Chile y Uruguay pusieron a la consideración del Consejo un proyecto de declaración, que cumplía el propósito de la propuesta original y recogía los puntos que a continuación relacionamos: preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en Cuba durante marzo y abril; reiteración de las obligaciones vigentes para el Gobierno de Cuba de respetar y garantizar los derechos emanados de la Carta de la OEA; solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe examinando la situación de los derechos humanos en Cuba y promoción de un diálogo amplio y constructivo con Cuba para contribuir a su integración a un hemisferio democrático. Fue precisamente esta propuesta la que se puso a consideración del Consejo el 19 de mayo del 2003. Este proyecto pretendió reafirmar la supuesta competencia de la CIDH sobre Cuba.

Ante la falta evidente de un consenso y del apoyo necesario para aprobar el texto mediante votación, los Estados Unidos optaron por una variante que les permitiera exhibir algún resultado en los términos favorables a su política, al tiempo que mantenían el tema en la agenda de esa Organización y les facilitaba continuar ejerciendo las presiones necesarias sobre los países que no aceptaron ser incluidos en la lista de apoyo a esa iniciativa. En una maniobra preconcebida, el representante canadiense anunció que transformaría el texto original propuesto por su delegación en una declaración del Consejo Permanente firmada por algunos de sus miembros, apresurándose a denominarlos como “Estados Miembros Asociados”. El procedimiento utilizado fue cuestionado rápidamente por Barbados, Brasil y Venezuela.

Al concluir el debate, el representante canadiense solicitó que se reflejara en las actas de esta reunión la declaración firmada por 16 miembros del Consejo Permanente, a saber: Canadá, Chile, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Estados Unidos, Perú, Panamá, Argentina, Bahamas y Colombia. Posteriormente, pudo confirmarse que República Dominicana se unió a los firmantes.

En la parte sustantiva de los debates se produjeron 19 intervenciones, de las cuales 14 apoyaron la declaración propuesta por Canadá u ofrecieron hacerlo de encontrarse la manera de superar las dificultades de procedimiento que la misma planteaba, y otros 5 la objetaron. Estos últimos fueron: Venezuela, Jamaica, Brasil, México y Guatemala. Si tenemos en cuenta que Jamaica presentó la postura conjunta de CARICOM, de la que debe sustraerse a Bahamas por su abandono del consenso caribeño, un total de 17 Estados Miembros de la OEA manifestaron reservas hacia la propuesta de manera pública. En cualquier caso, debemos consignar que una mayoría de países objetó la maniobra.

El procedimiento aplicado por Estados Unidos, para “registrar” la condena que nunca tuvo lugar en la OEA, por sus similitudes, recuerda al utilizado en la conformación de la llamada “coalición” antes de la invasión a Iraq. El fiasco sufrido por ese país, puede señalarse como el resultado más obvio de esta sesión del Consejo.

Como quiera que durante los debates, tanto el tema del “reingreso” como las alusiones a la “ausencia” de Cuba fueron planteados repetidamente, consideramos necesario referirnos a ello con mayor detalle. Como ya se ha indicado, en un esfuerzo por “acomodar” las objeciones de procedimiento presentadas por numerosos representantes, el proyecto canadiense introdujo en su párrafo No. 4 la siguiente propuesta:

“Los Estados Miembros expresan su voluntad de promover –en el ámbito de la Organización- acciones conducentes a un diálogo amplio y constructivo en relación a Cuba, que pueda contribuir a la integración de todas las naciones en un hemisferio democrático.”

Resaltamos este párrafo teniendo en cuenta que varios países trataron de justificar su apoyo al proyecto de declaración planteando que el mismo abogaba por un “diálogo constructivo” con Cuba.

El Embajador argentino, durante su exhortación a deponer “viejos enconos” manifestó sobre el diálogo propuesto que “si hablamos de derechos humanos y de democracia, también deberá hablarse sobre el embargo.”

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos al manifestar la disposición de su Gobierno a “involucrarse en ese diálogo” definió el sentido del párrafo en cuestión de la siguiente forma: “El último párrafo habla de reconciliar la relación entre la OEA y el pueblo cubano.”

Esta formulación, retoma la esencia de anteriores intentos a los cuales nos hemos referido. La apertura del “diálogo amplio y constructivo” significa reabrir el juicio en contra el sistema político, económico y social de Cuba e iniciar, de esta forma, el proceso de “readmisión” para reintegrar a nuestro país a un “hemisferio democrático.” Naturalmente, el texto omitía toda mención al bloqueo estadounidense y la naturaleza ilegal de la exclusión.

Sin embargo, el “esfuerzo conciliatorio” no consiguió confundir a los países que lo objetaron. El Representante de Venezuela manifestó: “La OEA tiene dos alternativas: una es diseñar alternativas dirigidas a incrementar las tensiones y otra fomentar un clima de cooperación y favorable a la distensión en torno a Cuba. La discusión debe ser integral. El bloqueo ha fracasado y hay que suspenderlo.”

En su turno, el Embajador brasileño manifestaba que la declaración canadiense no “resuelve los vicios de origen. Este ejercicio es selectivo y politizado. El foro no es el adecuado. El Gobierno cubano no puede presentar su visión como país afectado. Ha llegado el momento de iniciar un proceso de discusión global para promover la reinserción de Cuba al sistema hemisférico, sin precondiciones ni ideas preconcebidas. La cooperación y no la confrontación deben guiarnos en el tratamiento de la situación cubana.”

Por su parte, la Representante jamaicana dio lectura a la Declaración adoptada por los Cancilleres sobre Cuba en la VI Reunión del Consejo para las Relaciones Exteriores y de la Comunidad (COFCOR). El párrafo pertinente de este texto planteaba: “...determinaron que mientras que el Gobierno de Cuba permanezca excluido de la participación en el Sistema Interamericano y de votar en las actividades de la OEA, la Organización no es el foro apropiado para debatir o emitir juicios sobre el particular en tanto el Gobierno de Cuba está imposibilitado de ejercer su derecho a presentar sus posiciones de acuerdo a la justicia natural.”

Los argumentos expuestos por los participantes en los debates sugirieron que el tema estaba empantanado. Como colofón, el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Bill Graham, constató los resultados de las últimas discusiones sobre la “cuestión” cubana en el seno de la OEA y adelantó la intención de continuar debatiendo con posterioridad este tema en un discurso pronunciado ante el plenario de la XXXIII Asamblea General de la OEA celebrada en Chile entre el 8 y el 10 de junio del 2003 cuando expresó:

“(...) Muchos de mis colegas alrededor de esta mesa no creen que la OEA es el foro apropiado para discutir sobre Cuba.(...) Necesitamos encontrar una forma constructiva y positiva para avanzar en este asunto. De hecho, colegas, abrimos la puerta de esa discusión el mes pasado. (...) Cualesquiera sean las diferentes perspectivas que tengamos respecto de la solución para un asunto largamente pospuesto, debemos hacerlo en este, el único foro multilateral que representa la diversidad de opiniones de la Américas y encontrar formas constructivas que permitan iniciar un proceso (...) que aporte los beneficios ... al pueblo cubano.”

En línea con lo expresado por el Canciller canadiense, el Departamento de Estado anunció que iniciaría consultas informales en el seno de la OEA para considerar el “tema cubano.”

VII. El blindaje del sistema interamericana y la perpetuación del sistema de dominación imperialista sobre la región.

Durante todo el periodo en que Cuba ha permanecido excluida del Sistema Interamericano, se han desarrollado y adoptado algunas iniciativas en el contexto hemisférico de cuya consideración no podemos sustraernos, en tanto se vinculan al tema que hemos intentado desarrollar a lo largo del presente documento.

La consagración por parte de la III Asamblea General de la OEA, celebrada en 1973, del “pluralismo en las relaciones internacionales”, abría, aparentemente, una nueva etapa en la actuación de la OEA. La derogación parcial de las sanciones impuestas a Cuba a mediados de la década de 1970, proceso que venía imponiéndose independientemente de la Organización, parecía confirmarlo.

Sin embargo, coincidiendo con la instauración del mundo unipolar a inicios de los años 90, la OEA comienza a adoptar una serie de instrumentos que derogaron de manera efectiva el pluralismo en las relaciones internacionales, sustituyéndolo por un “compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región” en la noción en que ambos conceptos son aceptados por el gobierno de Estados Unidos y las oligarquías neoliberales y proyanquis de la región. La “novedad” significaba, en realidad, un regreso a las más retrógradas concepciones reflejadas en numerosos instrumentos y declaraciones que, en su momento, habían sido aplicadas contra Cuba, y que se vieron reforzadas y actualizadas, por cuanto se codificaron de forma jurídica conceptos políticos y económicos incumbentes a las decisiones soberanas de los Estados y pueblos, y se establecieron procedimientos concretos para impedir una “ruptura del ordenamiento democrático”. Con ello, se “reinstaló” nuevamente en la OEA la vieja intolerancia de sus orígenes.

El denominado proceso de “revitalización” o “fortalecimiento” del Sistema Interamericano tiene hoy en estos instrumentos algunos de sus principales “logros”. Entre estos se destacan: el denominado “Compromiso de Santiago” y la Resolución 1080 de la Asamblea General, ambos adoptados en 1991; el Protocolo de Washington de 1992 y la llamada Carta Democrática, aprobada en septiembre del 2001.

Aunque no pudiera afirmarse categóricamente que esta serie de documentos fueron diseñados expresamente contra Cuba, país que, para el momento de su adopción, llevaba ya varias décadas excluido del Sistema Interamericano, su diseño blindó a la OEA contra un eventual retorno de Cuba, o previno a los actuales miembros de seguir caminos similares, so riesgo de atenerse a muy graves consecuencias.

Por ejemplo, en el “Compromiso de Santiago” los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en esa ciudad adelantaron la determinación de “adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa.”

La Resolución 1080 adoptada por la Asamblea General, en junio de 1991, luego de indicar que “subsisten en la región serios problemas políticos, sociales y económicos que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos” resolvió “encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos (...) Esta resolución adoptó un procedimiento para reaccionar ante la “ruptura del orden democrático” al establecer la posibilidad de solicitar al Secretario General que convocara de manera inmediata una reunión del “Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización (...)

El 14 de diciembre de 1992, en el XVI período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se adoptó el “Protocolo de Washington” que incorporó algunas enmiendas al texto de la Carta de la OEA. Entre estas, se destacó la inclusión del nuevo Artículo 9 que estableció que “Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación (...)” en el Sistema Interamericano, regulando a continuación el procedimiento a aplicar para la suspensión de un Estado Miembro, al resolver que esa medida se aplicaría cuando hayan fracasado las gestiones que se emprenderían con el objeto de lograr el “restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro afectado”. Finalmente, se estableció el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros, tanto para la aplicación de la sanción, como para su revocación.

Treinta años después de practicada la ilegal exclusión de Cuba de la OEA –el texto de la Carta vigente entonces no contemplaba ningún mecanismo para hacerlo, como lo denunciaron oportunamente quienes se opusieron a aquella medida- se asumió como fuente de derecho aquella arbitrariedad y fue reformado el instrumento constitutivo de la Organización, estableciendo el procedimiento de la suspensión de un Estado Miembro.

En septiembre del 2001, se adoptó en Lima la Carta Democrática Interamericana cuyo artículo 3 estableció como elementos esenciales de la democracia representativa: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

La Carta fijó en su Capítulo IV, titulado “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, en los Artículos 17 al 22, el mecanismo para determinar la ruptura del “orden democrático” y proceder a la suspensión del Estado concernido, así como su posterior reinserción en el Sistema Interamericano, conforme con lo preceptuado al respecto en la Carta de la Organización.

De esta forma concluyó el “perfeccionamiento”, a nivel hemisférico, de un conjunto de normas injerencistas que, si bien podrían utilizarse como elementos disuasivos para enfrentar posibles golpes de Estado, han estado llamadas en lo esencial a evitar el ascenso al poder de los movimientos populares, mediatizar o entorpecer su gestión de llegar al poder y, eventualmente, presionar para su renuncia política o inmediata derrota electoral. En esencia, sirven de garantes del status quo capitalista en nuestra región, así como de instrumento para ejercer control sobre el continente por parte de Estados Unidos.

Una conclusión adicional a la que podemos arribar es que esos preceptos están siendo “aplicados” en estos momentos como parte del “acervo común” a utilizar en el escenario de “diálogo amplio y constructivo” al que se pretende atraer a Cuba. Ya lo había advertido en el año 2001 el entonces Secretario de Estado yanqui Colin Powell, durante una intervención ante el plenario de la XXXIII Asamblea de la OEA en Santiago de Chile, cuando señaló: “La Carta Democrática Interamericana dice que los pueblos de América tiene derecho a la democracia. No dice que los pueblos de América, excepto el cubano, tienen derecho a la democracia.”

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