CubaMinrex. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

  English   RSS Cubaminrex  

CRONOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN DE LA OEA COMO MINISTERIO DE COLONIAS YANQUI

1948:

Manchada con la sangre derramada por el pueblo colombiano durante la desorganizada insurrección popular (conocida como “el Bogotazo”) y la draconiana represión – que siguió al asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos fundó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, bajo la presión del entonces Secretario de Estado norteamericano George Marshall (1947-1949), aprobó la Resolución sobre la Preservación y Defensa de la Democracia en las Américas, de clara matriz anticomunista.
Días antes, una sangrienta sublevación –encabezada por el “demócrata anticomunista” José Figueres—, había derrotado a las fuerzas populares y comunistas que apoyaban al gobierno del socialcristiano costarricense Teodoro Picado (1944-1948). Tal acción -que dejó un saldo de 2000 muertos—, fue favorecida por una invasión militar realizada con el apoyo de la Legión del Caribe, en la que tenía un indiscutible peso político-militar el recién “electo” gobernador colonial de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Este, previamente, había instituido la llamada Ley Mordaza dirigida a reprimir las luchas por la independencia que venían desarrollándose desde años atrás en ese archipiélago caribeño.
Paralelamente, la Casa Blanca respaldó la brutal represión emprendida por las autoridades coloniales británicas contra las manifestaciones populares y pro independentistas que ya se venían produciendo en la llamada “Guyana británica”. También respaldó los golpes de Estado que instauraron en Perú la dictadura militar del coronel Manuel Odría (1948-1956) y en Venezuela una Junta Militar en la que ocupó el Ministerio de Defensa el coronel y posterior dictador Marcos Pérez Jiménez.
La OEA nunca se pronunció contra estos crímenes.
1949:

La administración Truman respaldó la ola de terror desatada por el gobierno colombiano presidido por Mariano Ospina Pérez y por su mentor y posterior presidente, Laureano Gómez (1950-1953). Como consecuencia de esa política represiva y de la mal llamada “violencia liberal-conservadora” se calcula que, entre 1948 y 1953, perdieron la vida entre 200 mil y 300 mil colombianos y colombianas.

La OEA nunca analizó ni condenó estos actos de violencia.

1950:

El gobernador colonial de Puerto Rico, Luis Muñoz Martín y la Guardia Nacional estadounidense, emprendieron una violenta represión contra el movimiento independentista de Puerto Rico con el pretexto de sofocar la audaz, pero frustrada sublevación del Partido Nacionalista que proclamó la República de Puerto Rico.

Paralelamente, la Casa Blanca respaldó en Haití el golpe militar que llevó a la presidencia de ese país al general Paul Magloire (1950-1956), quien inmediatamente se sumó a los gobiernos latinoamericanos y caribeños que –dentro de los marcos de la OEA—, respaldaron la agresión estadounidense contra la entonces recién fundada República Democrática y Popular de Corea (RDPC).

1951:

Tomando como pretexto el desarrollo de la Guerra de Corea (1950-1953), se efectuó en Washington una Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los países latinoamericanos y caribeños integrantes del Sistema Interamericano. En esa reunión –a instancias del presidente Harry Truman—, se aprobó una Resolución sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Interior de los Estados del Hemisferio Occidental. Ella posibilitó el despliegue de centenares de asesores militares estadounidense en toda la región, quienes ejercieron un nefasto papel en la conformación de los represivos Ejércitos de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, en tanto, a partir de 1952, doce gobiernos de esa región (ocho de ellos, de la Cuenca del Caribe) firmaron Convenios de Asistencia Militar con Estados Unidos en el marco del Programa de Seguridad Mutua, que venía impulsando la Casa Blanca desde 1945.

1952:

Con vistas a evitar la elección del candidato presidencial del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), la Casa Blanca respaldó un golpe de Estado contra el corrupto gobierno de Carlos Prío Socarrás (1948-1952) en Cuba. Este fue encabezado por el general Fulgencio Batista, quien de inmediato desató una sangrienta represión contra todos los sectores opuestos a su dictadura.

Paralelamente, triunfó la Revolución Boliviana de 1952, encabezada por el reformista Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) dirigido por Víctor Paz Estensoro. A pesar de sus inconsistencias políticas, la Casa Blanca le aplicó un potente cerco político, diplomático, económico y militar que sólo fue debilitado cuando Paz Estenssoro comenzó a realizarle diversas concesiones a los Estados Unidos.

A su vez en Puerto Rico, en medio de una feroz e indiscriminada represión contra el movimiento independentista, las fuerzas de ocupación estadounidenses institucionalizaron el mal denominado Estado Libre Asociado (ELA), que todavía sirve de fachada a la dominación colonial de los Estados Unidos sobre ese archipiélago.

La OEA nunca se pronunció sobre estos actos; ni siquiera debatió los mismos en su seno.

1953:

En correspondencia con la estrategia de “contención al comunismo”, diseñada por su antecesor y con vistas a crear “un clima amigable” para las inversiones de los monopolios norteamericanos, el presidente republicano Dwight Eisenhower (1953-1961), fortaleció sus vínculos con todas las dictaduras militares o las “democracias represivas” existentes en América Latina y el Caribe. Igualmente, respaldó la intervención militar británica contra el fugaz gobierno (duró 133 días) del destacado líder independentista y socialista del pueblo guyanés, Cheddi Jagan, quien había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias del año precedente. En consecuencia, nuevamente se implantó en esa nación caribeña una “dictadura (terrorista) del Departamento de Colonias británico”.

La OEA nunca se pronunció sobre estos hechos.

 

1954:

Con el respaldo de la OEA, la Casa Blanca, la CIA y las fuerzas armadas de los Estados Unidos –aplicando métodos terroristas contra la población civil y con el apoyo de las cruentas dictaduras militares de Honduras y Nicaragua—, organizaron la llamada “Operación Éxito”; o sea, la invasión mercenaria que derrocó al gobierno democrático, popular y nacionalista guatemalteco presidido por Jacobo Arbenz (1951-1954).

Este fue sustituido por el sanguinario teniente coronel (posteriormente autoascendido a general) Carlos Castillo Armas (1954-1957), quien –luego de haber sido reclutado por la CIA cuando cursaba instrucción militar en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos— encabezó el mal denominado Ejército de Liberación Nacional de Guatemala. Bajo su mandato se institucionalizó un régimen terrorista de Estado que acabó con la vida de miles de guatemaltecos.

Paralelamente, las Embajadas estadounidenses en Paraguay y Brasil se implicaron en la organización de los golpes de Estado que condujeron al derrocamiento del presidente “pro peronista” Federico Chávez (1949-1954) y del segundo gobierno de Getulio Vargas (1950-1954), respectivamente. Como consecuencia de esas acciones –con el apoyo de la Casa Blanca—, ocupó la presidente de Paraguay el general Alfredo Stroessner, quien hasta 1989, encabezó uno de los regímenes terroristas de Estado más prolongados del todo el Hemisferio Occidental.

El territorio de Guatemala fue invadido por tropas mercenarias organizadas por la CIA, que derrocaron al gobierno progresista de Jacobo Arbenz. La OEA se había prestado antes para aprobar una resolución que introducía la variante de intervención colectiva regional, en expresa violación de su propia Carta y la de la ONU. Así, y ante el hecho consumado, el organismo se limitó a “dejar hacer” al gobierno de los EE.UU y dilató el examen de la situación, ignorando los intereses del país agredido.

La CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz en Guatemala. Un poeta guatemalteco describió el gobierno de Árbenz como "años de primavera en un país de eterna tiranía". Siguieron casi 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de "tierra arrasada" de los años 80. Más de 150 000 personas perdieron la vida.

1955:

Antecedido por una sangrienta sublevación militar respaldada por los sectores más reaccionarios del Partido Radical y de la Iglesia Católica, así como con el apoyo directo de las marinas de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido, fue derrocado —mediante un cruento golpe militar— el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón (1952-1955). Lo sustituyó el general Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958), quien, mientras duró su dictadura (1955-1958), desató una feroz represión contra todos los militantes y dirigentes del Partido Justicialista (peronista), así como contra otros destacamentos populares. Adicionalmente, emprendió otras acciones dirigidas a normalizar las relaciones de Argentina con Estados Unidos. La OEA permitió en 1955 la sangrienta sublevación militar que puso fin al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en Argentina

1956:

Con el cínico pretexto de celebrar el 130 aniversario del Congreso Anfictiónico convocado en 1826 por Simón Bolívar, por primera vez en la historia de las relaciones interamericanas, el Presidente norteamericano Dwight Eisenhower se reunió en Panamá con casi todos sus homólogos latinoamericanos y caribeños. Solo faltaron a la cita los dictadores de Colombia, Gustavo Rojas Pinillas (1953-1957), y de Honduras, Julio Lozano Díaz (1954-1956), quienes meses después, fueron derrocados por violentas sublevaciones populares que solamente pudieron ser aplacadas mediante sendos “cuartelazos” estimulados por las Embajadas estadounidenses en Bogotá y Tegucigalpa.

1957:

Luego del ajusticiamiento en el año precedente del fundador de la dinastía somocista, Anastasio Tacho Somoza, se realizaron en Nicaragua “elecciones presidenciales”. En estas resultó electo, en medio de un agobiante clima represivo, Luis Somoza Debayle (1957-1963), quien nombró a su hermano Anastasio Tachito Somoza Debayle Jefe de la Guardia Nacional, como “regalo de graduación” por sus “excelentes notas” en la Escuela Militar de West Point, Estados Unidos. Así se garantizó –con el respaldo de la Casa Blanca y del Pentágono— la continuidad del régimen terrorista instaurado en ese país centroamericano desde 1936.

Paralelamente, en Haití, la Embajada estadounidense “santificó” el fraude electoral que llevó a la presidencia de Haití a François Duvalier (“Papa Doc”), quien –siempre con el apoyo oficial norteamericano— inauguró un régimen terrorista dinástico que se prolongó hasta 1986.

La OEA no condenó en 1957 el fraude electoral que llevó al poder en Haití a Francois Duvalier con el que se inició un régimen de terror hasta 1986

1958:

Con el abierto apoyo de la Casa Blanca y del Pentágono, la dictadura de Fulgencio Batista emprendió una masiva operación militar (la llamada Ofensiva de Verano) dirigida a aniquilar al Ejército Rebelde, encabezado por el comandante Fidel Castro. Luego de la derrota de esa operación militar, la administración de Eisenhower emprendió inútiles maniobras —incluida un nuevo golpe de Estado— dirigidas a frustrar el triunfo de la Revolución cubana.

Paralelamente, en medio de grandes protestas populares, el entonces vicepresidente norteamericano, Richard Nixon, visitó diversos países latinoamericanos; entre ellos, Bolivia, Perú y Venezuela. En este último, fue tal la repulsa popular que Eisenhower movilizó unidades de la marina de guerra hacia las costas venezolanas; pero esa baladronada fue rechazada por el pueblo venezolano y por el gobierno provisional del contralmirante Wolfang Larrazabal.

Asimismo, luego del asesinato “por bandoleros de su propia camarilla” del dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas, la Casa Blanca propició la elección como presidente del candidato de la “oposición permitida” Miguel Ydígoras Fuentes; quien por encargo de la CIA también había estado vinculado con la invasión mercenaria organizada por Estados Unidos que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz.

La OEA nunca se pronunció sobre estos hechos y sus nefastas implicaciones a la estabilidad del hemisferio.

1959:

Inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana del 1ro de Enero de 1959, la administración de Dwight Eisenhower y la CIA impulsaron la realización de diversas acciones terroristas dirigidas al derrocamiento del gobierno revolucionario cubano, así como al asesinato de algunos de sus dirigentes; en primer lugar, al entonces Primer Ministro, comandante Fidel Castro. En algunos de esos planes, tuvo una destacada participación el sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo; quien también había estado implicado en planes para desestabilizar al entonces Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt (1959-1964).

En consecuencia, la OEA convocó una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dirigida a evaluar “las tensiones en el Caribe”. En ella la Casa Blanca maniobró infructuosamente con vistas a obtener una resolución de condena a las primeras acciones de beneficio popular emprendidas por la Revolución Cubana. Simultáneamente, naves de la Marina de Guerra estadounidense constantemente comenzaron a merodear las aguas jurisdiccionales cubanas con vistas a “intervenir en caso que se produjera una crisis en Cuba”.

La OEA nunca se opuso a la dictadura militar que en dominicana encabezaba Rafael Leónidas Trujillo.

1960:

El presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña.

Acorde con los planes previamente elaborados por la Casa Blanca para derrocar a la Revolución Cubana (incluido el inicio del entrenamiento en Guatemala de una fuerza mercenaria organizada por la CIA), se efectuó en Costa Rica la VII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Esta aprobó una Declaración en la que –además de imponer de manera oportunista sanciones económicas contra el régimen de Trujillo, quien había organizado un frustrado atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt—, estableció que la solidaridad hacia la Revolución cubana que habían expresado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China “ponían en peligro la seguridad interamericana”. Se inició así –bajo las presiones del Departamento de Estado— una cascada de resoluciones de la OEA contra Cuba.

Paralelamente, con el apoyo de las Misiones Militar, Naval y Aérea, así como de la Embajada de Estados Unidos, la satrapía de Leónidas Trujillo acentuó su carácter terrorista con vistas a destruir la intensa movilización antidictatorial que se había desencadenado en República Dominicana.

1961:

A pesar de las promesas del joven mandatario demócrata John F. Kennedy (1961-1963) de crear “una civilización americana en la que, dentro de la rica diversidad de sus propias tradiciones, cada nación [fuera] libre de seguir su propio camino hacia el progreso” y dándole continuidad a los planes contra la Revolución Cubana iniciados por la administración precedente, la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono –con el apoyo de las dictaduras militares de Nicaragua y Guatemala— perpetraron la invasión mercenaria Playa Girón. A su vez, tratando de neutralizar la adversa reacción que produjo esa “primera derrota imperialista en América Latina”, la Casa Blanca impulsó la Alianza para el Progreso cuyo carácter demagógico y contrainsurgente fue rápidamente denunciado por el comandante Ernesto Che Guevara. Previamente, un comando organizado y armado por la CIA eliminó a uno de sus hijos putativos, el sátrapa dominicano Rafael Leonidas Trujillo.

Gracias a las demostraciones realizadas frente a las costas dominicanas por varias naves de guerra estadounidenses y al apoyo de la Embajada norteamericana en Santo Domingo, hasta fines de año, logró mantenerse en la presidencia el maquiavélico representante de la “burocracia trujillista”, Joaquín Balaguer. Este –con el apoyo del Jefe de las Fuerzas Armadas, Ramfis Trujillo— desencadenó una brutal represión contra todos los opositores a la dictadura.

Fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos (Playa Girón). En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina.

La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador J. M Velazco Ibarra, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba.

La OEA jamás analizó la invasión militar a Cuba. De facto apoyó esta acción militar que tantas vidas y daños materiales costó a nuestro pueblo.

1962:

Siguiendo directrices de la Casa Blanca, la VIII Reunión de Consultas de Ministro de Relaciones Exteriores de la OEA (efectuada en Montevideo), expulsó a Cuba de esa organización regional. Meses más tarde, durante la llamada Crisis de los Mísiles, con el respaldo unánime de la OEA, John F. Kennedy desplegó una “cuarentena” (bloqueo) naval alrededor de Cuba con el propósito de impedir que el pueblo cubano —haciendo uso de su soberanía nacional—, adquiriera todas aquellas armas soviéticas que considerase necesarias para defenderse de los planes de intervención militar directa contra la Revolución que —siguiendo los lineamientos de la denominada Operación Mangosta— continuaba preparando el gobierno de los Estados Unidos. Tal y como había previsto el primer ministro de Cuba, Fidel Castro, las negociaciones soviético-estadounidenses con las que concluyó esa crisis, no impidieron que continuaran los diversos planes de los círculos de poder norteamericanos –incluidos el empleo del terrorismo— dirigidos a destruir a la Revolución Cubana.

Las antes mencionadas resoluciones anticubanas de la OEA fueron favorecidas por los golpes de Estado propugnados por la Casa Blanca que se produjeron en Argentina y Perú. En el primer caso, contra el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) y, en el segundo, contra Manuel Prado Ugarteche. Este fue transitoriamente sustituido por el general Ricardo Pío Pérez; mientras que el primero fue remplazado por el Senador José María Guido, quien fue fácilmente manipulado por las Fuerzas Armadas

La OEA no condenó el bloqueo naval sobre Cuba por parte de la armada de los Estados Unidos aún cuando ya había acabado de ser expulsada de esa organización

1963:

Dándole continuidad a la cadena de golpes de Estado propugnados por la Casa Blanca, sucesivos “cuartelazos” se produjeron en Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En el primer caso, fue derrocado por una Junta Militar el presidente Carlos Arosemena (1961-1963). En el segundo, el presidente “constitucional” Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por su Ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia, quien –en medio de un acentuado clima de violencia—se mantuvo en el cargo hasta 1967. En el tercero, el presidente liberal Ramón Villena (1957-1963) fue reemplazado por la larga dictadura militar encabezada por el coronel Osvaldo López Arellano (1963-1975). Y, en el último, fue derrocado el breve gobierno (sólo duró siete meses) del afamado intelectual y político dominicano Juan Bosch. Lo sustituyó durante tres años un Triunvirato integrado por los principales Jefes de las Fuerzas Armadas.

Según las indagaciones históricas, el derrocamiento de Bosch contó con el respaldo expreso del Presidente norteamericano John F. Kennedy; mientras que, luego del asesinato de este mandatario (22 de noviembre de 1963) y a pesar de ciertas contradicciones, el Triunvirato fue respaldo por la Administración de Lyndon B. Johnson (1963-1969), autor de la “doctrina” que autorizó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a intervenir unilateralmente o a emprender “guerras limitadas” o “preventivas” en cualquier parte del mundo donde estuvieran amenazados los “intereses norteamericanos”. La máxima expresión de ese enunciado fue la criminal Guerra de Vietnam (1964-1973). En esta el aparato político-militar estadounidense ensayó todos los métodos terroristas de Estado que fueron incorporados a sus diversas estrategias contrainsurgentes contra América Latina y el Caribe.

Jamás en la OEA fueron debatidos analizados y condenados los golpes de estado que bajo la egida de la Casa Blanca sucedieron en nuestro continente.

1964:

El presidente de Brasil Joao Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de estado apoyado y promovido por Estados Unidos.

En correspondencia con la reaccionara política desplegada por el Presidente Lyndon B. Johnson, las fuerzas armadas estadounidenses reprimieron violentamente una manifestación de estudiantes que reclamaba la soberanía panameña sobre la Zona del Canal de Panamá.
A su vez en Brasil, y con el descarado apoyo del Embajador norteamericano en Río de Janeiro, fue derrocado el gobierno nacionalista y democrático de Jôao Goulart (1961-1964). Lo sustituyó el mariscal Humberto Castelo Branco (1964-1967) propugnador –junto a los altos mandos del Ejército norteamericano— de las llamadas “fronteras ideológicas” y de los sangrientos “regímenes de seguridad nacional” (militares o cívico-militares) que se instauraron durante más de dos décadas en América Latina y el Caribe.

Bajo las nefastas influencias de esas “doctrinas”, se fundó el llamado Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA); órgano estatal que, en estrecha coordinación con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) basificado en Panamá, coordinó las diversas estrategias contrainsurgentes y terroristas desplegadas por las dictaduras militares o los regímenes cívico-militares instalados en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Paralelamente, con el respaldo del Pentágono, el gobierno colombiano presidido con el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) emprendió la llamada Latin American Security Operation (más conocido como “el Plan LASO”), dirigida a derrotar, a sangre y fuego, incluidos potentes bombardeos contra la población civil, las mal llamadas “repúblicas independientes” de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero.

Asimismo, con la descarada participación de la CIA, fue derrocado mediante un virtual golpe de Estado, el segundo gobierno (1961-1964) del líder del Partido Progresista del Pueblo (PPP) de Guyana, Cheddi Jagan. Adicionalmente, la Casa Blanca admitió la represión desatada por la llamada Quinta República francesa –presidida por Charles de Gaulle (1959-1969)— contra la victoria electoral de una coalición de partidos de izquierda que propugnaban la ampliación de la autonomía de Martinica.

En ese contexto y mediante diversos chantajes, la IX Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA (efectuada en Washington), aprobó una nueva resolución obligando a todos los Estados miembros a romper sus relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con la Revolución Cubana. Fue acatada por todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños, con excepción del mexicano. Como parte de esa política, el establishment de la seguridad estadounidense se inmiscuyó descaradamente en la campaña electoral chilena en la que fue nuevamente “derrotado” el candidato de las fuerzas populares, Salvador Allende. Resultó el electo el presidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970); quien levantó la demagógica consigna de “revolución con libertad y sin sangre”.

1965:

Cuarenta y dos mil efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses —apoyados por la OEA, por la JID y por un destacamento de las Fuerzas Armadas brasileñas— intervinieron en República Dominicana con vistas a derrotar la Revolución popular y constitucionalista encabezada por el coronel Francisco Camaño Deñó. Tal levantamiento popular perseguía el retorno a la presidencia del afamado intelectual y político Juan Bosch; quien –cumpliendo instrucciones de la Casa Blanca— fue retenido en Puerto Rico por el gobernador colonial Luis Muñoz Marín (1949-1965).

En esta situación la OEA envió a la capital dominicana a su Secretario General, el uruguayo José A. Mora con el aparente propósito de obtener una tregua entre los beligerantes, mientras el Órgano de Consulta dilataba una decisión para facilitar que las fuerzas militares yanquis tomaran el control de la situación. Luego de múltiples gestiones diplomáticas, Estados Unidos logró por el estrecho margen de un voto la aprobación de una resolución que dispuso la creación de una Fuerza Interamericana de Paz. De este modo se producía, por primera vez bajo el sello de la OEA, una intervención colectiva en un país latinoamericano.

Con los hechos de Cuba y República Dominicana el papel de la OEA, que tenía entre sus postulados básicos el principio de no intervención de ningún Estado en los asuntos internos de los otros, entró en crisis. En el contexto de la guerra fría, los Estados Unidos utilizaron prioritariamente a este organismo regional como un instrumento más en su confrontación con la Unión Soviética.

La llegada de los primeros Estados independientes del Caribe angloparlante a la OEA coincidió con su crisis de credibilidad. Conscientes de esa realidad los Estados miembros se reunieron en Buenos Aires en 1967 para imprimir al sistema interamericano nuevo dinamismo. Entre las reformas implementadas se incluyó la referida a los requisitos para el ingreso de nuevos miembros, aspecto que era muy restrictivo en el tratado constitutivo. El hecho de que dieciocho de sus veintiún miembros originales hubieran sido colonias españolas, le daba a la OEA un sesgo excluyente frente a las naciones caribeñas, colonias de otras potencias europeas. Esto se tradujo en obstáculo para la total integración del Caribe insular a la organización.

Paralelamente, con el respaldo de Estados Unidos, la recién estrenada dictadura militar boliviana encabezada por los generales René Barrientos y Alfredo Ovando (ambos integrantes de la Junta Militar que, a fines de 1964, había derrocado al segundo gobierno constitucional de Víctor Paz Estenssoro) desplegó una brutal e indiscriminada represión contra el movimiento popular; en primer lugar, contra los combativos trabajadores mineros y contra el movimiento estudiantil. En la organización de las estructuras represivas de ese régimen terrorista tuvo una participación destacada el connotado oficial de las SS hitleriana y agente de la CIA, Klaus Barbie, históricamente conocido como “el carnicero de Lyon”.

La OEA permitió, y asistió, que 42 000 efectivos de los Estados Unidos invadieran República Dominicana para destruir el proceso revolucionario del coronel Francisco Camaño Deño

1966:

Estados Unidos envió armas, asesores y Boinas Verdes a Guatemala, para implementar una llamada campaña contrainsurgente. En un informe del Departamento de Estado reconocía que: "para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros habrá que matar quizás a 10 mil campesinos guatemaltecos".

Con el declarado apoyo de la Casa Blanca, un golpe militar capitaneado por el fatídico general Alejandro Lanusse, derrocó al presidente constitucional argentino Arturo Illia (1963-1966). Este fue “institucionalmente” sustituido por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), quien durante su mandato y con el respaldo de la Logia fascista italiana P2 (Propaganda Política), colocó los primeros pilares político-ideológicos, económicos y militares del brutal régimen terrorista de Estado que se instauró en ese país suramericano una década después.

Al mismo tiempo, y como fruto de la ilegitima intervención militar “hemisférica” del año precedente, asumió nuevamente la presidencia “constitucional” de República Dominicana el trujillista Joaquín Balaguer. Este –con el indeclinable respaldo del establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos— implantó, durante doce años consecutivos (1966-1978) un régimen cívico-militar terrorista que costó la vida a cientos de dominicanos y dominicanas.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno británico conspiraron para mediatizar los procesos de descolonización que se venían desarrollando en la cuenca del Caribe. Así, en Jamaica, mediante el empleo de diversos medios (incluido la violencia política) favorecieron las sucesivas victorias electorales de los candidatos del derechista Partido Laborista de Jamaica (JLP) y, en Guyana, hicieron todo lo que estuvo a su alcance –incluido el estímulo por parte de la CIA de conflictos raciales entre la población afro americana y de origen hindú—, para evitar una nueva victoria electoral del ya estigmatizado candidato socialista del PPP, Cheddi Jagan.

La OEA jamás condenó ninguno de estos hechos.

1967:

Un grupo de Boinas Verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara.

La confrontación histórica entre el latinoamericanismo y el panamericanismo se simbolizó en la celebración en Punta del Este, Uruguay, bajo la conducción de Lyndon B. Johnson, de la Segunda Conferencia de Presidentes Americanos y en la realización, en La Habana, de la Primera Conferencia de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Unos meses después, cumpliendo órdenes de la Casa Blanca, y antecedido por la criminal Matanza de la Noche de San Juan (23 de Junio) y por otras brutales medidas terroristas contra la población civil, fueron vilmente asesinados en Bolivia el comandante Ernesto Che Guevara y otros combatientes internacionalistas integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país. En tales crímenes tuvieron una destacada participación diversos agentes de la CIA, así como los asesores militares estadounidenses directamente vinculados a la dictadura del general René Barrientos y al Jefe del Ejército, general Alfredo Ovando.

Paralelamente en Uruguay, y con el apoyo del gobierno estadounidense y de la dictadura de “seguridad nacional brasileña” (ahora capitaneada por el general Artur Da Costa e Silva (1967-1969) — se instaló constitucionalmente en el gobierno el dueto integrado por el ex general Óscar Gestido y por su vicepresidente Jorge Pacheco Areco.

Con el apoyo de Estados Unidos también asumió en este año la presidencia “constitucional” de Nicaragua, el último descendiente de la dinastía somocista, el entonces Jefe de Guardia Nacional Anastasio Tachito Somoza; quien durante sus doce años de mandato (1967-1979) fortaleció el régimen terrorista de Estado instaurado por sus predecesores.

La OEA no existió nunca parta condenar a las dictaduras ni sus horrendos crímenes.

1968:

La CIA, organiza una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos "Escuadrones de la Muerte".

Con el apoyo de la Casa Blanca y de las dictaduras de seguridad nacional de Argentina y Brasil, se comenzó a institucionalizar en Uruguay la “dictadura cívico-miliar” de Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco; quienes durante sus sucesivos mandatos (1967-1971) generalizaron la represión, el crimen y la tortura de sus opositores políticos. Así sentaron las bases del régimen terrorista de Estado que se instauró en la otrora llamada “Suiza de Suramérica” entre 1972 y 1985. En esa evolución, tuvieron un papel determinante los asesores de la CIA, con fachada de Funcionarios de la AID, encabezados por el tristemente célebre “maestro de torturadores” Dan Mitrione, posteriormente ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amarú.

Paralelamente, en México el pro imperialista gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) provocó la llamada “Matanza de Tlatelolco". Como respuesta a la misma se produjo una ola de indignación y luchas populares desarmadas y armadas. Estas fueron contenidas mediante el despliegue de una brutal estrategia represiva, particularmente en las zonas rurales y urbanas donde operaban el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Frente Urbano Zapatista.

En las actas de la OEA no hay constancia del debate, análisis y condena a estos hechos.

1969:

Con el apoyo del entonces recién electo presidente republicano Richard M. Nixon (1969-1976) y de la Marina de guerra estadounidense, la Royal Dutch Army de Holanda desembarcó más de mil paracaidistas con vistas a sofocar una poderosa sublevación popular, encabezada por el recién constituido Frente Obrero y de Liberación de Curazao. Simultáneamente, la Casa Blanca comenzó a desarrollar diversas estrategias –incluidas la aplicación de sanciones económicas— contra los gobiernos militares nacionalistas de Perú y Panamá, liderados desde el año precedente, por el general Juan Velasco Alvarado y por el teniente coronel Omar Torrijos, respectivamente.

A la par, Nixon y su entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Henry Kissinger, organizaron un viaje por Suramérica del multimillonario y otrora Coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Nelson Rockefeller; quien elaboró un informe donde propuso el “reforzamiento del sistema de “seguridad colectiva” del Hemisferio Occidental y de la OEA. También recomendó estrechar los vínculos de Estados Unidos con los círculos militares de América Latina y fortalecer “los esfuerzos propios” que estaban desarrollando algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños para “conjurar la revolución social”. Se sentaron así algunos de los pilares de la “Doctrina Nixon”. En oposición a las intervenciones militares, más o menos directas, ejecutadas por sus predecesores, esta pretendía “latinoamericanizar” la represión en el Hemisferio Occidental.

1970:

Con vistas a tratar de frustrar la victoria electoral del candidato de la Unidad Popular chilena, Salvador Allende, la CIA emprendió diversas acciones (incluido el alevoso asesinato del entonces jefe del ejército, general René Schneider) dirigidas a provocar una crisis institucional que propiciara un golpe de Estado. Ante la decisión del Congreso chileno de ratificar la victoria electoral de Allende, la administración Nixon –junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad chilena— emprendió un sistemático plan de desestabilización económica, política y militar de ese gobierno popular.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno del Reino Unido respaldaron las draconianas medidas represivas emprendidas por el premier Eric Williams (1962-1981) con vistas a sofocar, a sangre y fuego, el violento estallido popular encabezado por el National Joint Action Committee en Trinidad y Tobago. Tal represión se produjo bajo la mirada cómplice de las fuerzas militares estadounidenses acantonadas en la base militar de Chaguaramas, instalada en esa nación caribeña desde la Segunda Guerra Mundial.

Nunca fueron condenadas estas acciones por la OEA.

1971:

El diario The Washington Post confirma que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado asesinar en varias oportunidades al líder de la revolución cubana Fidel Castro. Años después, y en la medida que los documentos secretos de la CIA eran desclasificados se ha sabido que los intentos se cuentan por decenas y los planes por centenares.

Con el respaldo de la Casa Blanca, de la Embajada estadounidense en La Paz, así como de las dictaduras militares de Brasil y de Argentina, los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de las clases dominantes bolivianas desencadenaron un sangriento golpe de Estado contra el gobierno del general Juan José Torres (1970-1971), quien –con el respaldo y la presión del movimiento popular— encabezó un nuevo intento cívico-militar por actualizar y llevar a vías de hecho los principales postulados democráticos y nacionalistas de la traicionada Revolución boliviana de 1952. Como consecuencia de ello se instauró la sanguinaria dictadura terrorista del general Hugo Banzer Suárez (1971-1979).

Posteriormente, se develó un nuevo (y frustrado) plan de la CIA con vistas a asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante las visitas oficiales realizadas a Chile, Perú y Ecuador. Igualmente, se conocieron nuevos detalles de los planes desarrollados por el gobierno y por algunas empresas transnacionales norteamericanas –como la International Telephone and Telegraph (ITT)— dirigidas a crear las condiciones político-militares que, dos años más tarde, le permitieron derrocar violentamente al gobierno popular de Salvador Allende.

Luego de la muerte por causas naturales de François Duvalier, y con el apoyo de la Casa Blanca, asumió el gobierno de Haití su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc); quien en ese momento sólo tenia 19 años de edad. Continuó así, hasta 1986, el régimen terrorista instaurado en ese país desde 1957.

La OEA tampoco debatió ni condenó jamás estos hechos.

1972:

El establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, la Junta Interamericana de Defensa (radicada en Washington) y las sanguinarias dictaduras de Guatemala y Nicaragua se implicaron de manera directa en la cruenta derrota de la sublevación popular –respaldada por el Movimiento de Jóvenes Militares— que estalló en El Salvador como reacción ante el descarado fraude electoral contra el candidato de la Unión Nacional Opositora, Napoleón Duarte, protagonizado por el testaferro de la oligarquía salvadoreña, coronel Armando Molina. Luego de esos sangrientos acontecimientos, en las siguientes dos décadas, una nueva ola de “terror blanco” estremeció a El Salvador.

Paralelamente la Casa Blanca mantuvo su respaldo al régimen de terror instalado en Guatemala tanto por el gobierno del Dr. Julio César Méndez Montenegro (1996-1970), como por el general Carlos Arana Osorio (1970-1974). Este último aplicó una estrategia genocida en las zonas indígenas donde operaban las principales organizaciones guerrilleras guatemaltecas. Igual –con el respaldo de la CIA— emprendió una brutal represión en las principales ciudades del país.

Ninguna de estas acciones fue condenada por la OEA.

1973:

Los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. La subsiguiente represión alcanzaría elevadísimas cifras de población encarcelada por razones políticas.

Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del Presidente Salvador Allende en Chile, y se instala en el poder el General Augusto Pinochet quien encabeza una cruenta y larga tiranía.

Con la participación de la Casa Blanca, del Pentágono, de la CIA, al igual que de la ITT, la Braden Cupper Corporation y de otros monopolios norteamericanos, así como antecedido por el férreo bloqueo de los organismos financieros internacionales (FMI, BM) e interamericanos (BID), fue derrocado y asesinado el presidente constitucional chileno Salvador Allende. Se inició así el prolongado régimen de terror instaurado por la dictadura militar fascista (1973-1990) del general Augusto Pinochet.

Previamente, con el respaldo de los Estados Unidos y de las “dictaduras de seguridad nacional” instauradas en Brasil y Paraguay, se institucionalizó en Uruguay la dictadura terrorista del general Juan María Bordaberry (1971-1976).

Al mismo tiempo, con el contubernio de la Embajada norteamericana en Buenos Aires y de los regímenes de seguridad nacional antes referidos, comenzaron a formarse los primeros grupos terroristas –como la Alianza Anticomunista Argentina—, que mediante la eliminación física, individual o colectiva de importantes cuadros y activistas de las organizaciones de izquierda –peronistas y no peronistas— comenzaron a desestabilizar al recién instaurado “gobierno Cámpora-Perón”.

A su vez, la Casa Blanca y su poderosa misión militar en República Dominicana respaldaron la decisión del segundo gobierno “constitucional” de Joaquín Balaguer (1970-1974) de asesinar, a sangre fría, al líder constitucionalista Francisco Caamaño Deñó y a sus principales seguidores. Estos habían desembarcado en ese país con vistas a iniciar la lucha armada guerrillera.

Paralelamente, con el respaldo de los imperialismos anglosajones el gobierno colonial de Granada, encabezado por el dictador Eric Gairy, emprendió una draconiana represión contra los luchas por la verdadera independencia de esa pequeña isla caribeña; entre ellas, el ametrallamiento de una pacífica manifestación popular que pasó a la historia de ese país como “el domingo sangriento”.

La OEA tuvo una actuación cómplice con el golpe de estado de Pinochet contra el presidente constitucional de esa nación Salvador Allende.

La OEA No adoptó medidas enérgicas contra el golpe anticonstitucional que llevó a la muerte del presidente Salvador Allende en Chile en 1973, crimen que contó con todo el apoyo del gobierno de los estados Unidos.

Jamás la OEA condenó enérgicamente los genocidios de esta dictadura, ni el propio golpe de estado.

1974:

Como parte de su política de agresiones económicas hacia el continente, la Casa Blanca promulgó una nueva Ley del Comercio, de cuyos beneficios quedaron excluidos Venezuela y Ecuador por ser integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Asimismo, amenazó con represalias parecidas a los demás países del continente (Perú, Panamá, Ecuador, Jamaica, Guyana,...) que, por aquellos años, se integraron a diversas organizaciones internacionales dirigidas a defender los precios de sus principales productos de exportación, por ejemplo, el banano, el cobre, el estaño, la bauxita y el petróleo.

A su vez, luego de la muerte de Juan Domingo Perón (1ro de julio de 1974), el agente de la CIA José López Rega, entonces Ministro de Bienestar Social del débil gobierno de Isabel Martínez (1974-1976), emprendió una oleada de acciones terroristas contra el movimiento popular. A la vez, comenzó a conspirar con el sanguinario y corrupto Jefe de la Marina de guerra, almirante Emilio Massera, con vistas a producir un “golpe blanco” o un nuevo “pronunciamiento militar”.

Paralelamente, como respuesta a la ola de huelgas que sacudieron al país en los dos años precedentes, el gobernador colonial de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón (1973-1977), emprendió –con el apoyo de la administración de Gerald Ford (1974-1977), del FBI y de la Guardia Nacional—una brutal política represiva contra el moviendo popular y contra las principales organizaciones independentistas.

Para la OEA estos hechos nunca sucedieron.

1975:

Desde 1975 el Secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977) fue informado por el Embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, de que en Argentina se estaba preparando un nuevo golpe militar que –por su crueldad— implicaría graves violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, el almirante Emilio Massera comenzó a entrenar en Estados Unidos a efectivas de la Marina en técnicas de contrainsurgencia y el entonces Jefe del Ejército, general Jorge Videla, viajó a West Point, Estados Unidos. También participó en la reunión de Jefes de Ejércitos Latinoamericanos –organizada por la JID y efectuada en Montevideo— con el propósito de construir las alianzas internacionales que facilitan la coordinación de la actividad represiva con el SOUTHCOM y con las dictaduras terroristas ya entronizadas en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Paralelamente, en Perú se produjo un “golpe blanco” contra el ya enfermo general y presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Este fue sustituido por el también general Francisco Morales Bermúdez, quien de inmediato y favorecido por las recomendaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, firmó diversos acuerdos “neoliberales” con el FMI que rápidamente erosionaron el ímpetu popular y nacionalista del movimiento militar que se había iniciado en 1968. En consecuencia, durante su mandato (1975-1980) tuvo que emprender violentas medidas represivas contra el movimiento popular.

La OEA jamás analizó estos asuntos.

1976:

Asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después se desclasificaron en Estados Unidos casi 5000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y "desapariciones" tras asumir el poder. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Con el conocimiento del presidente estadounidense Gerald Ford y del Secretario de Estado, Henry Kissinger, se instauró en Argentina una sanguinaria Junta Militar encabezada por el Jefe del Ejército, general Jorge Videla. En ese contexto, con el consentimiento de los servicios especiales estadounidenses, se estructuraron las llamadas “Operación Murciélago” y “Operación Cóndor” mediante las cuales las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay se coligaron para desarrollar una de las más sádicas “cacerías” de que han sido víctimas prominentes dirigentes populares y revolucionarios del continente.

A esa “multinacional de la represión y el terror” —encabezada por los dictadores de Chile y Paraguay, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, respectivamente— también se vincularon la dictadura de Eric Gairy en Granada, las principales dictaduras militares centroamericanas y algunas organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano, amamantadas por el establishment de seguridad de Estados Unidos.

Éstas últimas, guiadas por la consigna de llevar “la guerra contra Cuba a todos los rincones del mundo”, realizaron más de 279 acciones terroristas contra diversos objetivos civiles en Europa occidental, América Latina y el Caribe; entre ellas, la sádica voladura en pleno vuelo de un avión civil de la compañía Cubana de Aviación que cumplía su ruta comercial entre diferentes islas del Caribe el 6 de octubre de 1976.

La OEA jamás condenó estos crímenes. Fue cómplice por omisión de los mismos. Jamás ha calificado a los autores de estas acciones terroristas con este calificativo. Permanece con sus “ojos vendados” mientras el autor intelectual, un connotado y confeso terrorista, anda libre por las calles de Estados Unidos apadrinado por esa nación.

Además, no frenó el golpe militar en Argentina que desató, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, las criminales operaciones Murciélago y Cóndor para asesinar a miles de opositores en ese país y en Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay

1977:

Rodeado de promisorios augurios para las relaciones interamericanas, ocupó la Casa Blanca el presidente demócrata James Carter (1977-1981); quien de inmediato anunció su compromiso de impulsar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente, así como “un multifacético plan de desarrollo para el Caribe”. Sin embargo, denotando los límites de esa política, realizó pronunciamientos favorables a la eventual anexión de Puerto Rico y la Casa Blanca admitió otro sangriento golpe de Estado en El Salvador dirigido a desconocer la victoria electoral al entonces candidato presidencial de la Unión Nacional de Oposición, el coronel retirado Ernesto Claramount. Como resultado se apoderó de la presidencia el sanguinario general Carlos Humberto Romero (1977-1979). Asimismo, la Casa Blanca mantuvo sus vínculos con el general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), a pesar de la brutal política represiva desplegada a lo largo de su mandato.

Paralelamente, la administración Carter adoptó una actitud contemporizadora frente a los restantes regímenes terroristas de Estado instaurados en el continente, sobre todo, después que la mayor parte de estos decidieron romper sus tratados militares con Estados Unidos. Así se expresó en Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos convocada por la OEA en Granada. En esta, el Secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, “aceptó” las presiones de los representantes tales gobiernos militares. Estos se opusieron a que la conferencia condenara las brutales violaciones a todos los derechos humanos que estaban produciendo en América Latina y el Caribe.

1978:

Con vistas a impedir el fraude electoral, así como un eventual golpe de Estado organizado por los partidarios del “dictador civil” dominicano Joaquín Balaguer, la administración Carter emprendió una nueva “intervención democrática” en ese país. Esta favoreció al terrateniente “socialdemócrata” Silvestre Guzmán Fernández (1978-1982) quien, para pagarle el favor, abrió aún más las puertas de su país a la penetración económica, política y militar de Estados Unidos.

Paralelamente - y contrariando los deseos de la Casa Blanca-, la dictadura de Anastasio Tachito Somoza (1957-1979) asesinó al director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro. A pesar de ello y de los continuos avances del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la administración Carter emprendió diversas maniobras para preservar su sistema de dominación sobre ese país e instaurar lo que se definió como “un régimen somocista sin Somoza”. Previamente, dándole continuidad a la política de “aliados privilegiados”, Carter procuró “restablecer la armonía” de sus relaciones con las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Uruguay y Paraguay. Conforme a esa política, las transnacionales norteamericanas acrecentaron sus jugosas inversiones en la región y la banca transnacional —apoyada por el FMI y el BM— continuó transfiriéndoles abultados créditos a esas dictaduras militares; esto a pesar de que era evidente que una parte de esos créditos se dirigían a la adquisición de armamentos en diversos países aliados de los Estados Unidos, tales como Alemania, Israel y Corea del Sur.

La OEA nunca abordó estos temas.

1979:

Con el propósito de impedir la victoria del FSLN, en la XVIII Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, la Casa Blanca —con el respaldo de las dictaduras militares de Guatemala, Honduras y El Salvador— propuso la formación de una Fuerza Interamericana de Paz para intervenir en Nicaragua. Tal propuesta fue rechazada. Sin embargo, desde el SOUTHCOM (radicado en Panamá) las fuerzas armadas estadounidenses continuaron suministrándole a la dictadura de Somoza todos los recursos militares necesarios para reprimir la insurrección pueblo nicaragüense. A pesar de ello, el 19 de julio, se produjo la victoria de la Revolución Sandinista. No obstante sus amplios enunciados programáticos, los círculos de poder estadounidenses comenzaron a conspirar contra la misma, al igual que contra la naciente revolución que bajo la dirección de Maurice Bishop se había producido en la pequeña isla de Granada.

Igualmente, la administración Carter provocó una “minicrisis” en sus relaciones con Cuba. En ese contexto, el Pentágono organizó diversas maniobras militares agresivas en la región; incluidas las que se efectuaron la Base Naval ubicada en la Bahía de Guantánamo.

Previamente, y para disgusto del general Omar Torrijos, el Senado estadounidense había aprobado las llamadas “Enmienda Conchini” y la “Ley Murphy” como condición imprescindible para aprobar los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Ambos instrumentos jurídicos –aceptados por la Casa Blanca— vindicaron, una vez más, el supuesto derecho norteamericano a “proteger” ad infinitum el Canal de Panamá.
Paralelamente, con la complicidad del establishment de seguridad de Estados Unidos, se consolidó en Honduras la “narcodictadura” del general Policarpo Paz Díaz (1978-1981) y –con la intervención de la Embajada de Estados Unidos— fue “neutralizada” una sublevación de la Organización de Jóvenes Militares de El Salvador. Como resultado, se formó una Junta Cívica Militar, en las que conservaron su poder los sectores represivos de las Guardia Nacional y del Servicio de Inteligencia Militar.

Por otra parte, con el decidido apoyo de la dictadura militar argentina se instauró en Bolivia la “narcodictadura” presidida por el general Luis García Meza. Esta, al igual que su predecesora, implantó un régimen de terror en todo el país.

1980:

Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del FMLN. Los escuadrones de la muerte proliferan; el Arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha; 35 mil civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes.

Paralelamente, la administración Carter desplegó un exitoso plan dirigido a derrotar mediante un virtual “golpe de Estado” al premier jamaicano Michael Manley (quien fue “electoralmente” sustituido como Primer Ministro por el líder derechista del JLP, Edward Seaga) y conspiró con la monarquía constitucional de Holanda con vistas a derrocar al gobierno progresista del sargento Desy Bouterse (1980-1987) en Surinam.

Asimismo, la Casa Blanca mantuvo su respaldo al reaccionario gobierno del liberal colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982) a pesar de que este –y su reaccionario Ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva— habían emprendido draconianas medidas represivas con vistas a derrotar el creciente descontento popular contra su administración. Tan grave era la situación que la conocida institución Amnistía Internacional publicó un informe condenando duramente al gobierno colombiano.

Paralelamente, se produjo un acentuado proceso de militarización en el Mar Caribe. Como parte de este, se efectuaron potentes maniobras militares estadounidenses en la mal llamada “Base Naval de Guantánamo; en las cercanías del Canal de Panamá; en Puerto Rico y a lo largo y ancho del Mar Caribe y del Golfo de México. A decir de Carter, esas y otras acciones militares iban dirigidas a “defender los intereses de Estados Unidos en la región”, así como a “satisfacer las solicitudes de ayuda por parte de sus aliados y amigos”; entre ellos, el régimen terrorista implantado desde 1971 por Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) en Haití y al represivo gobierno del terrateniente “socialdemócrata” dominicano Silvestre Guzmán Fernández; quien recibió a varios delegaciones de altos Oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses.

Estos venían propugnando la conformación de un “sistema de seguridad colectiva” en el Mar Caribe dirigido a “enfrentar la agresión cubana y soviética en esa parte del hemisferio occidental”; idea que encontró algunos oídos receptivos entre los gobiernos derechistas que entonces preponderaban en el Caribe Oriental; en particular en el derechista Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, quien propugnó –con el apoyo del SOUTHCOM— la conformación de un Sistema de Servicios Conjuntos de las Guardias costeras, las magistraturas y los cuerdos policiales de los países integrantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

En contraste, la administración Carter le suspendió la ayuda económica a la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

La OEA no debatió nunca estos hechos.

1981:

Llegó a la presidencia de los Estados Unidos el candidato de los sectores más reaccionarios del Partido Republicano, Ronald Reagan, acompañado —en carácter de vicepresidente— por uno de los ex jefes de la CIA, George H. Bush. En consecuencia, la Casa Blanca desplegó una intensa ofensiva dirigida a estrechar sus relaciones con todas las dictaduras militares, con todas las “democracias-represivas” y con todos los gobiernos conservadores instaurados en América Latina y el Caribe. En correspondencia con esa decisión, se efectuaron en Washington varias reuniones secretas con diversos dictadores militares.

En ese contexto, y dándole continuidad a los acuerdos adoptados en Washington el año precedente con varios dirigentes de la Internacional Demócrata Cristiana, la Casa Blanca respaldó la represiva y contrainsurgente Junta Militar-Demócrata Cristiana instalada en El Salvador bajo la presidencia de José Napoleón Duarte (1980-1982).

A su vez, con el apoyo de los gobiernos de El Salvador, Costa Rica, Honduras y, más tarde, de Colombia y Venezuela, se institucionalizó la llamada Comunidad Democrática Centroamericana (CDCA) enfilada a agredir a la Revolución sandinista y a sofocar las multiformes luchas por la democracia y la justicia social que se desplegaban en El Salvador, Honduras y Guatemala. En ese contexto, los gobiernos de estos países –con el apoyo de la dictadura militar argentina y de la CIA— comenzaron a organizar las bandas contrarrevolucionarias nicaragüenses ya asentadas en el territorio de Honduras y, en menor medida, en Guatemala. Se comenzaron a crear así las condiciones de “las guerras sucias” –calificadas en el argot militar estadounidense como “conflictos de baja intensidad”—, libradas por el dúo Reagan-Bush en Centroamérica.

La CIA avanzó en la organización de los "contras" en Nicaragua. Habían comenzado el año anterior con un grupo de 60 antiguos guardias de Somoza. Cuatro años después llegarían a agruparse en la "contra" casi 12 mil ex guardias. De los 48 jefes militares más importantes de la "contra", 46 habían sido oficiales de la Guardia Nacional. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En medio del despliegue de esa política pereció en un extraño accidente aéreo el líder del pueblo panameño, general Omar Torrijos.

1982:

Se produjo la intervención británica que dio inicio a la Guerra de las Malvinas. Era la primera vez que una potencia extra continental agredía a un país integrante del Sistema Interamericano y, según los términos del TIAR, ello debía convocar la solidaridad continental con el agredido. Lejos de eso, los Estados Unidos apoyaron política y militarmente a Gran Bretaña e impusieron sanciones económicas contra Argentina. En esta ocasión la OEA también demoró su reacción, adoptó una tibia resolución que llamaba al cese del conflicto y solo un mes más tarde, en la XX Reunión de Consultas, adoptó una condena “al ataque armado consumado por el Reino Unido” e instó al gobierno de los Estados Unidos a que “dispusiera el inmediato levantamiento de las medidas coercitivas aplicadas a la República Argentina”.

El presidente Ronald Reagan –en contubernio con los reaccionarios primeros ministros de Barbados, Tom Adams, y de Jamaica, Edward Seaga— anunció la denominada Iniciativa para la Cuenca del Caribe que –independientemente de sus derivaciones económico-comerciales posteriores—, sirvió de fachada para el despliegue de un intenso plan contrarrevolucionario en la Cuenca del Caribe. Con tal fin, y siguiendo las directrices del Pentágono, los gobiernos conservadores que entonces integraban la Organización del Caribe Oriental (OECO), finalmente firmaron un Acuerdo de Cooperación Regional en Asuntos de Seguridad que se venía impulsando desde el año 1980. Previamente, la Casa Blanca y la dictadura militar chilena habían apoyado las acciones militares emprendidas por la Dama de Hierro, Margarte Thatcher, con vistas a preservar el dominio colonial británico sobre las Isla Malvinas.

Reagan realizó un viaje a Costa Rica y Honduras. En este último país obtuvo el apoyo del presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986), del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFA) y del entonces Ministro de Defensa, general Guillermo Álvarez Martínez para transformar a esa nación en la principal “plaza de armas” de la “guerra sucia” desatada durante una década por los Estados Unidos contra la Revolución sandinista. Como parte de esa estrategia, la Casa Blanca y las iglesias fundamentalistas de Estados Unidos respaldaron la genocida política de “tierra arrasada” emprendida por el nuevo dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt (1982-1983).

1983:

Un golpe militar derrocó al primer ministro granadino, Maurice Bishop, quien murió asesinado a manos de los golpistas. La reacción de EE.UU. no se hizo esperar y envió una fuerza invasora de 1900 infantes de marina que tomaron el control de la isla. Para Washington, el pretexto fue una pretendida solicitud de los vecinos de Granada y la protección de la vida de estudiantes norteamericanos. El verdadero motivo fue la proyección izquierdista del líder granadino, que había iniciado proyectos de cooperación con Cuba, entre ellos la construcción de un aeropuerto.

La acción estadounidense evidenció nuevamente que el principio de no intervención carecía de validez para ese país y que la contención del socialismo en el continente continuaba siendo una de sus principales prioridades de la política exterior. En la OEA se produjo una división de criterios respecto a esta intervención. La mayoría aprobó la acción como “medida preventiva” mientras otros la rechazaron. Finalmente se condenó la invasión por catalogarla como violatoria de la Carta de Bogotá.

La Casa Blanca y el Pentágono desplegaron un intenso proceso de militarización de las naciones centroamericanas y caribeñas. Como consecuencia se fortalecieron las dictaduras militares o cívico-militares de El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo antes dicho posibilitó el restablecimiento de las criminales labores del Consejo de Defensa Centroamericano (ahora integrado por las fuerzas armadas de Honduras, El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos) que habían sido interrumpidas, luego de la “guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador (1969).

Asimismo, se montó un poderoso dispositivo militar estadounidense en Honduras que incluyó diversas bases militares y la acción de un batallón secreto que, al menos hasta 1984 (fecha en que fue expulsado de ese país el general Guillermo Álvarez Martínez, bajo la dirección de la CIA y del Embajador estadounidense John Dimitri Negroponte, se encargó de desarrollar la “guerra sucia” en el territorio hondureño.

1986:

Gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia, pudo abandonar impunemente Puerto Príncipe el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), quien había sido derrocado por una revuelta popular. “Santificado” por la Casa Blanca, lo sustituyó un Consejo General de gobierno, en el que tenía un peso decisivo el sanguinario general Henry Namphy.

Paralelamente, la prensa estadounidense comenzó a develar los detalles de lo que posteriormente se denominó el “escándalo Irán-contra”; o sea, la estrecha vinculación de altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan —entre ellos, el integrante del Consejo Nacional de Seguridad, coronel Oliver North— y de sus asesores militares en El Salvador, con el tráfico de drogas y el contrabando de armas provenientes de Irán y dirigidas a desplegar su “guerra sucia” contra la Revolución sandinista. Esa denuncia debilitó la estrategia norteamericana contra Centroamérica, lo que facilitó la acción diplomática del Grupo de Contadora (integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela) y del llamado “grupo de amigos de Contadora” (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay). Estos y otros gobiernos democráticos suramericanos, integraron el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, conocido como “el grupo de Río”.Pese a las resistencias oficiales estadounidenses, dicho grupo propugnó una “salida política-negociada a la crisis centroamericana. También demandó negociaciones con los acreedores para resolver “la crisis de la deuda externa” que afectaba el continente desde 1982.

Paralelamente, sobre la base de su reciente definición del “narcotráfico” como un peligro para “la seguridad nacional” de Estados Unidos, el dúo Reagan-Bush comenzó a presionar a los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1986-1990) en Bolivia, Alan García (1985-1990) en Perú y Virgilio Barco (1986-1990) en Colombia con vistas a que emprendieran la posteriormente llamada “guerra contra las drogas”. Con la “ayuda” estadounidense, las fuerzas militares colombianas y peruanas, así como sus grupos “paramilitares” se implicaron en una brutal represión contra la población campesina residente en las zonas donde operaban las denominadas “narcoguerrillas”.

La OEA nunca se pronunció contra estos graves hechos.

1987:

Para tratar de contener la intensa movilización popular que se desarrollaba en Haití, así como para “controlar” los resultados de las elecciones programadas para fines de ese año, las Fuerzas Armadas de Haití (FAH) –en particular, el batallón Leopardo, entrenado y equipado por Estados Unidos— y “escuadrones de la muerte” formados por los servicios de seguridad emprendieron diversos actos terroristas contra sectores de la población; entre ellos, la Masacre de Jean Rabel (en la que fueron ultimados más de mil campesinos) y el asesinato del líder del Movimiento Democrático para la Liberación de Haití, Louis-Eugène Athis.

No obstante, la Casa Blanca elogió a los altos mandos de las FAH por haber “liberalizado” el régimen, duplicó su ayuda financiera y envió asesores militares para entrenar al Ejército haitiano en acciones antimotines. También altos funcionarios estadounidenses se reunieron varias veces de manera secreta con el criminal general haitiano William Régala y el Pentágono envió diversas naves de guerra y 2 4000 marines a realizar “maniobras” frente a las costas de Haití.

La OEA tampoco debatió nunca estos hechos en sus encuentros.

1989:

Estados Unidos invadió Panamá para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Noriega y aceleró sus diversas maniobras desestabilizadoras –incluido el bloqueo económico— contra el gobierno panameño. A tal fin –en el contexto de las monitoreadas elecciones que se efectuaron en ese país— incrementó sus fuerzas militares en el Canal de Panamá y, luego de los indefinidos resultados de esos comicios y de una “frustrada” mediación de la OEA, emprendió una brutal intervención militar contra ese país. Como resultado de ella se instauró el gobierno títere del “civilista” Guillermo Endara (1989-1994) y capturó al general Noriega, quien –sentando un nuevo precedente intervencionista— fue sancionado como “narcotraficante” por los tribunales norteamericanos. La operación dejó no menos de 3 mil bajas civiles.

El recién electo Presidente estadounidense George H. Bush (1989-1993) aceptó las promesas del millonario general duvalierista Prósper Avril (quien había manipulado “el golpe de Estado de los sargentos” del año precedente) de emprender un proceso de “democratización irreversible” en Haití. Pese a esas promesas –con el silencio cómplice de la Casa Blanca— Avril, luego de derrotar un intento de golpe de Estado del batallón Leopardo, continuó reprimiendo el movimiento popular.

La Casa Blanca anunció la Iniciativa Andina Antidrogas. Como parte de la misma se incrementó la ayuda militar y policial a Bolivia, Colombia y Perú. En ese contexto, envió equipos, asesores militares y equipos de Fuerzas Espaciales a Colombia con vistas a ayudar a las Fuerzas Militares de ese país a combatir la “narcoguerrilla” y el “narcotráfico”.
Paralelamente, y sin abandonar su apoyo político-militar a la “contra”, la USAID amplió su llamada “intervención democrática” en Nicaragua y respaldó el golpe de Estado que derrocó en Paraguay a la longeva satrapía de Alfredo Stroessner. Mucho más porque lo sustituyó –primero de facto y, luego, “constitucionalmente”— el general Andrés Rodríguez, previamente vinculado a los crímenes y latrocinios de su predecesor.

La OEA no condenó la intervención militar de los Estados Unidos en Panamá.

1990:

Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas y también públicas. Washington consolidó abiertamente la coalición de oposición, aunque tales prácticas son ilegales según la ley estadounidense.

A causa de los duros efectos económicos y sociales de la prolongada “guerra sucia” desarrollada por el dúo Reagan-Bush contra la Revolución sandinista, así como gracias al voluminoso apoyo financiero que la USAID y el National Endowment for Democracy (fundada en 1981, a propuesta de la CIA, por el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos) le concedió a la llamada Unión Nacional de Oposición (en la que participaron importantes figuras somocistas), en las elecciones presidenciales fue derrotado el candidato del FSLN, Daniel Ortega. Con el descarado respaldo oficial estadounidense asumió la Presidencia de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien asimiló las presiones políticas y económicas norteamericanas dirigidas a eliminar los “enclaves sandinistas”, particularmente en el Ejército y en las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

La Casa Blanca respaldó la llamada “transición pactada a la democracia en Chile”, mediante la cual el ya Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), había aceptado la Constitución impuesta por Augusto Pinochet y, por consiguiente, la pervivencia de los denominados “enclaves autoritarios” en diversas instituciones estatales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial elaboraron el denominado “Consenso de Washington”, cuyas “recetas neoliberales” (expresadas en los llamados Planes de Ajuste Estructural) se convirtieron en un poderoso instrumento intervensionista en los asuntos internos de la mayor parte de los Estados latinoamericanos y caribeños.

Además, la administración de George H. Bush promulgó la llamada “Ley Iniciativa para las Américas” dirigida a fomentar un “área de libre comercio” desde “Alaska hasta la Tierra del Fuego”. En ese contexto, comenzaron las negociaciones con el gobierno de Canadá –encabezado por el Primer Ministro conservador Brian Mulroney (1984-1993) — y con el gobierno de México –presidido por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) — del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).

La OEA no enfrentó “las guerras sucias” que venía desarrollando el gobierno de los Estados unidos en complicidad con dictaduras militares del área para impedir el triunfo electoral de los Sandinistas en Nicaragua.

1991:

Bajo la presión de la Casa Blanca y en contubernio con importantes gobiernos del Hemisferio Occidental (incluido Canadá, cuyo gobierno había ingresado a la OEA en el año precedente), la Asamblea General de esa organización efectuada en Santiago de Chile aprobó el llamado “Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano”: pacto que, en los años sucesivos, institucionalizó las llamadas “intervenciones democráticas colectivas” emprendidas, con mayor o menor rectitud y consistencia, por la Secretaria General de la OEA (y su mentor: el gobierno de Estados Unidos) en diversos países latinoamericanos y caribeños.

Las falacias de ese compromiso “panamericano” con la “democracia representativa” rápidamente se demostraron en Haití, donde los sectores más reaccionarios emprendieron un sangriento golpe de Estado contra el recién electo Presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide. Asumió el gobierno el Teniente General duvalierista Raúl Cedrás (1991-1994), quien de inmediato emprendió una sangrienta represión contra la generalizada repulsa popular y, en particular, contra los partidarios de Aristide.

Aunque la Casa Blanca “lamentó” el derrocamiento de un gobierno constitucional electo democráticamente, pronto comenzó a entorpecer el regreso de Aristide de su exilio venezolano; lo que alentó a los golpistas a mantenerse en el poder, así como a continuar sus crímenes y latrocinios, incluida su estrecha vinculación con el tráfico de drogas, sobre todo porque con extrema displicencia la administración Bush dejó en manos de la OEA la solución del “problema haitiano”.

1992:

Como parte de su prolongada guerra económica y política contra la Revolución cubana y con el apoyo expreso del candidato demócrata a la Presidencia, William Clinton, la Casa Blanca —instigada por la llamada “mafia cubana de Miami” y con el apoyo de los sectores más reaccionarios del Congreso estadounidense— promulgó de la denominada “Enmienda Torricelli”, por medio de la cual se pretendía lograr el asilamiento internacional y la rendición mediante el hambre y las enfermedades del pueblo cubano, así como impulsar la presunta “subversión pacífica y democrática” del gobierno revolucionario de ese país.

A su vez, como parte de la “guerra contra las drogas”, la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias estadounidenses (como la CIA y la DEA) ampliaron su intervención política y militar en Colombia, Bolivia y Perú. En el primero de esos países los asesores militares estadounidenses respaldaron las constantes masacres de la población civil y los asesinatos políticos perpetrados por las Fuerzas Militares o por los grupos paramilitares (las ahora llamadas Auto Defensas Unidas de Colombia) con el contubernio de sucesivos gobiernos y de las Fuerzas Armadas colombianas.

En Bolivia, con diversas amenazas (incluida la suspensión de la ayuda económica) la administración Bush presionó exitosamente al presidente Jaime Paz Zamora (aliado, entre 1989 y 1993, con el criminal ex dictador Hugo Banzer) para que prosiguiera la militarización de la lucha contra las drogas y la erradicación forzosa de las “plantaciones ilegales” de coca existentes en ese país.

En Perú, el SOUTHCOM fortaleció la base militar de Santa Lucia y apoyó –junto a la CIA— las criminales estrategias contrainsurgentes desplegadas por el régimen cívico-militar de Alberto Fujimori (1990-2000). A pesar de que este había disuelto el Congreso, anulado algunos artículos de la Constitución y encarcelado o asesinado a cientos de opositores políticos so pretexto de la lucha contra “la narcoguerrilla”, su “democracia represiva” fue legitimada por una misión enviada por la OEA en cumplimiento su “Protocolo de Washington”. Este autorizó a esa organización a emprender “intervenciones democráticas” de diversos tipos en cualquiera de sus Estados miembros. Paralelamente, la Casa Blanca mantuvo su displicencia frente a las prácticas terroristas desplegadas en Haití por el dictador Raúl Cedrás; quien, en todo momento, desdeñó la “mediación” de la OEA.

1993:

La administración Clinton se implicó en otra “intervención democrática” en Guatemala, cuando su entonces Presidente Jorge Serrano Elías, respaldado por sectores del Ejército, anuló la Constitución y disolvió el Congreso. La falta de apoyo interno y las gestiones internacionales propiciaron la derrota de esa intentona y el nombramiento de Ramiro León Carpio hasta los próximos comicios.

Aplicando la Enmienda Torricelli, la Casa Blanca comenzó a fortalecer el carácter extraterritorial de su guerra económica contra Cuba y a elaborar las estrategias (el llamado “two track” de la antes referida enmienda) que debían conducir a la “subversión pacífica y democrática” del gobierno de ese país.

El Congreso norteamericano continuó amenazando con sus llamadas “desertificaciones” a todos aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños que no “cooperaran” con Estados Unidos en la “guerra contra las drogas”. Muchos de ellos –en primer lugar, los de Bolivia, Colombia, México y Perú— continuaron enviando a sus cuadros militares a recibir entrenamiento “antinarcóticos” en la tristemente célebre Escuela de las Américas y en otras instituciones militares y policiales de Estados Unidos.

1996:

A causa de sus propias debilidades e instigado por los sectores más reaccionarios del Congreso norteamericano, al igual que por la “mafia cubana de Miami” y tomando como pretexto el derribo por parte de la fuerzas aéreas cubanas de una avioneta de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate” que, previamente, había sobrevolado en forma provocadora la capital cubana, el presidente William Clinton promulgó la denominada “Ley Helms-Burton”. Mediante esta, el poder ejecutivo quedó obligado a impulsar nuevas acciones para el derrocamiento de la Revolución cubana, así como a continuar presionando con tal fin a los gobiernos y a las empresas privadas de diversos países del mundo —entre ellos, Canadá, América Latina y el Caribe— que mantuvieran relaciones con Cuba.
La Casa Blanca emprendió otra “intervención democrática” en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, contribuyó a conjurar, mediante diversas acciones diplomáticas, un intento de golpe de Estado contra el Presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) protagonizado por Comandante en Jefe del Ejército, general Lino César Oviedo, acusado de estar comprometido con muchos de los crímenes perpetrados por la satrapía de Alfredo Stroessner.

1999:

Luego de las intensas movilizaciones populares provocadas por el asesinato del vicepresidente Luis María Egaña y de otras siete personas, así como de un nuevo intento de golpe de Estado encabezado por el ex general Lino Oviedo en complicidad con el presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999), la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay “negoció” la salida impune de este último y –mediante otra “intervención democrática”— presionó para que se le entregara el gobierno al presidente del Congreso, Luis González Macchi; quien, siguiendo los postulados de Consenso de Washington, emprendió un draconiano e impopular Plan de Ajuste Estructural de la economía paraguaya.

2000:

Como parte de la "Guerra a las Drogas", Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este Plan es de 1 300 millones, de los cuales el 83 por ciento está destinado al gasto militar.

La Casa Blanca y la OEA aceptaron la promesa del corrupto y criminal presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de convocar a nuevas elecciones como “solución” al estallido popular que produjo el descarado fraude electoral que este había perpetrado con el concurso de su tenebroso asesor personal, el agente de la CIA y de los narcotraficantes Vladimiro Montesinos, al igual que con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

 

2001:

Desconociendo todos los acuerdos que posibilitaron la solución política y negociada del “conflicto centroamericano” (1980-1987), el establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos –estrechamente aliado con los gobiernos derechistas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— continuó impulsando la remilitarización del Sur de México y del istmo centroamericano; sobre todo, después de los cruentos atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York y contra el edificio del Pentágono, hecho que fue tomado como pretexto por los reaccionarios grupos que asumieron el poder en la Casa Blanca para revitalizar, con el respaldo de la OEA y el concurso de la JID, sus tratados militares y seguridad con los sectores más represivos de las fuerzas armadas y policiales del hemisferio occidental.

El 11 de septiembre de este año, el mismo día de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Estados Unidos, Estados Unidos aprovechó que en Lima, Perú, estaba sesionando una sesión especial de la Asamblea General de la OEA para continuar con la negociación de la propuesta de Carta Democrática Interamericana y debido a la conmoción real que causó este atentado en las naciones del hemisferio, logró el apoyo necesario y, por tanto, la aprobación de tan nefasto y condicionante documento. Por el contrario, la organización no ha asumido con similar energía la aprobación de la llamada Carta Social de las Américas, que comprometería a sus gobiernos con el cumplimiento de los principios establecidos en la Convención de los Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y en las Metas del Milenio. Varios países han ido más lejos y han planteado ya una demanda para reformar la llamada Carta Democrática, por no corresponder sus postulados con la realidad de una región donde cada vez se impone con más fuerza que aquellos sistemas de gobierno donde los gobernantes no respondan ante quienes los eligieron, no pueden denominarse democracias.

En diciembre estalla una gravísima crisis política en Argentina, como consecuencia de la depresión económica provocada por la aplicación irrestricta del modelo neoliberal y del Consenso de Washington. En una semana se sucedieron en el poder varios gobiernos provisionales tras la caída abrupta del presidente Fernando de la Rúa. Los organismos financieros internacionales y hemisféricos desempeñaron un nefasto papel ante lo cual, la OEA guardó silencio, se mantuvo defendiendo el Consenso de Washington y no apoyó los derechos económicos y sociales del pueblo argentino, aplastados por los responsables del FMI, el Banco Mundial, el Club de Paris y el BID. Tras el ascenso al poder del kirchnerismo, la presión de los organismos financieros se ha mantenido y la OEA sigue sin pronunciarse.

2002:

Estados Unidos apoyó y financió a los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado contrarrevolucionario del 11 de abril en Venezuela, aupado por la CIA y el Departamento de Estado y encabezado por el presidente de la poderosa organización empresarial FEDECAMARAS, Pedro Carmona Estanca. Este, violando la Carta Democrática Interamericana (aprobada por la OEA el año precedente) de inmediato encontró el aliento oficial del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos reaccionarios de América Latina.

La OEA no actuó ni aplicó ninguno de sus instrumentos legales supuestamente diseñados para restaurar el orden democrático en Las Américas. Fue cómplice absoluto del golpe. Demostró que sigue siendo un ministerio de colonias yanqui.

2003:

Dándole continuidad a sus agresiones contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la administración de George W. Bush apoyó de manera sibilina “el golpe de Estado petrolero” (incluyó diversos sabotajes contra las instalaciones de esa industria) emprendido por los sectores de derecha, en contubernio con los grandes monopolios de la comunicación y con los sectores de la “aristocracia obrera” petrolera organizados en la oposicionista Central de Trabajadores de Venezuela. Ante el fracaso de ese empeño y desconociendo la soberanía de ese país, la USAID, la NED y otras fundaciones estadounidenses financiaron a las principales organizaciones de la “sociedad civil” que comenzaron a impulsar un referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez. La OEA guardó silencio.

2004:

Continuando su centenaria política intervencionista en los asuntos internos de Haití, fuerzas militares estadounidenses y francesas ocuparon ese país y deportaron al presidente Jean-Bertrand Aristide. Inmediatamente después, impusieron un gobierno encabezado por el “presidente” Boniface Alexandre y por el Primer Ministro, Gerard Latortue. Ante la ilegitimidad de origen de su mandato y su incapacidad para controlar la convulsa situación de ese empobrecido país, estos le solicitaron a la ONU el envió de una fuerza multinacional que contribuyera a la pacificación del país.

En Venezuela, la administración de George Bush hizo todo lo que estuvo a su alcance para deslegitimar los resultados del referendo revocatorio contra el presidente. Sin embargo, fue tal la pulcritud del proceso que –ante las vacilaciones del Secretario General de la OEA, César Gaviria, en certificar la victoria popular chavista— el propio ex Presidente estadounidense ames Carter reconoció la contundente victoria del líder de la Revolución Bolivariana.

2005:

El descontento popular y violentas protestas sociales como consecuencia de la neoliberalización y dolarización del país conllevaron a que el Congreso de Ecuador destituyera al presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, luego de una profunda crisis institucional que expuso con crudeza la fragilidad de la democracia e ese país andino. El desapego a las instituciones y el poco respeto por los poderes del Estado demostrados por Gutiérrez desde que llegó al poder, en enero de 2003, tuvieron en la remoción de la Corte Suprema de Justicia el disparador que acabó con su gobierno. En su lugar asumió el vicepresidente Alfredo Palacio, que mantenía un enfrentamiento insuperable con el depuesto mandatario, pero ello no detuvo la ola de protestas que al grito de "¡Que se vayan todos!", como ocurrió en la Argentina tras la caída de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, fue signo de una grave crisis política en Ecuador. La crisis en el país andino puso de manifiesto la preocupante ola de inestabilidad institucional recurrente, que en los últimos años zamarreó y llevado al abismo a varias naciones de la región, con violentas refriegas que enlutaron al continente. En el caso ecuatoriano, como en sus antecesores, la OEA no censuró ni sancionó a un gobierno u otro, y se abstuvo de intervenir en lo que se consideró un “asunto interno” de los ecuatorianos, a pesar de que ya regía la Carta Democrática.

2008:

La OEA no condenó el ataque y la posterior incursión de fuerzas militares y policías colombianos hacia el territorio ecuatoriano el 1 ro de marzo como parte de una maniobra contra un campamento irregular de las FARC, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, y solo diez después envío una Comisión de investigación a la frontera binacional cuyos resultados fueron parcialmente controlados. El Gobierno de Quito reclamó además a la OEA que le entregara copia de los monitoreos de las aeronaves que operaron en los días cercanos al primero de marzo para conocer si alguna aeronave de la Base de manta estuvo involucrada en los hechos. La OEA se rehusó a entregar copias de tales registros.

El 11 de septiembre de este año una columna de campesinos que acudía a una asamblea fue emboscada por sicarios armados en la región del Porvenir, departamento de Pando, Bolivia, y fueron atacados y masacrados, reportándose decenas de heridos, de los cuales, 20 murieron. El principal sospechoso de impulsar esos hechos fue el ex prefecto departamental Leopoldo Fernández, detenido en una cárcel de La Paz, acusado de delitos de lesa humanidad. En primera instancia, la OEA no dio su apoyo a la investigación internacional solicitada por el gobierno del presidente Evo Morales y no emitió condena alguna. Fue UNASUR la que asumió una actitud frontal de denuncia del grave hecho, que pretendía desatar una crisis política y un golpe de Estado contra Evo, y fue secundada por la ONU y su oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en La Paz, tras lo cual y ante las copiosas pruebas y testimonios de los hechos presentadas por las autoridades bolivianas, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos se vio obligado a hacer tímidos pronunciamientos. Este mismo órgano, como la organización, no habían reaccionado antes ni tampoco después a la negativa yanqui de acceder a las reclamaciones de extradición a Bolivia del expresidente Gonzalo Sánchez de Losada, prófugo de la justicia boliviana tras ser acusado por delitos de lesa humanidad. Solo en diciembre, ante el agravamiento de la crisis política y en vísperas del referendo constitucional, el Secretario General de la OEA emitió un pronunciamiento a favor del fin de la violencia en Bolivia; del reconocimiento y acatamiento a las autoridades legítimas; y solicitó la instalación de una mesa de diálogo donde los problemas pendientes pudieran ser resueltos.

2009:

En abril de este año, la OEA y su Secretario General José Miguel Insulza trataron por todos los medios de impedir que el tema Cuba fuera excluido de la V Cumbre de Las Américas. Cuando esto fue imposible, intentaron levar la discusión hacia otro ámbito. Por presiones yanquis, y para lograr su propósito de que el mundo no escuchara las voces de la región en contra del bloqueo norteamericano a la Isla y la exigencia a Estados Unidos para que eliminara su hostilidad hacia Cuba, fue bloqueada la participación a la prensa y se intentó que todo el evento transcurriera en un total secreto.

También en abril fue desactivado un peligroso complot terrorista internacional en Bolivia, en el que aparecieron involucrados por igual servicios especiales y mercenarios extranjeros, varios de ellos extraregionales, que pusieron en riesgo el orden constitucional, la seguridad y la paz social en ese país andino.

 

<< Atras

Copyright © Ministerio de Relaciones Exteriores

Escribir al WebmasterEscribir al Webmaster