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Prisioneros del Imperio

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Un paso más hacia la verdad

Por Lourdes Pérez Navarro
Tomado de Granma,
14 de febrero del 2006

Para las 9:00 a.m. de hoy martes 14 de febrero está señalada la vista oral en la que 12 jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, más la jueza Phyllis A. Kravitch, quien también tiene derecho a participar, oirán los argumentos de la defensa y de la fiscalía en el caso de nuestros Cinco compatriotas, tras la reconsideración del fallo solicitada por esta última.

El futuro legal del caso depende ahora de la decisión que adopte este Pleno, para la cual la ley no dispone un plazo determinado.

Es inusual, rarísimo, que el gobierno de los Estados Unidos pida una revisión al Pleno; solo se hace en casos excepcionales, como norma no se hace, dijo a Granma Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Que la Corte acepte esa solicitud de reconsiderar el fallo de los tres magistrados, es igualmente inusual. Todo esto constituye una señal de lo insólito del caso, agregó.

La decisión inusitada de presentar una apelación ante los 12 jueces del Onceno Circuito, fue tomada por el exconsejero de George Bush, el Ministro de Justicia de los Estados Unidos, Alberto González, quien pidió insistentemente revisar la decisión de la troica, un procedimiento rara vez premiado con el éxito, sobre todo cuando los tres magistrados estuvieron de acuerdo y expresaron una opinión tan erudita y amplia.

Para mayor sorpresa de muchos abogados que siguen el caso, los jueces del Onceno Circuito se pusieron de acuerdo, el pasado 31 de octubre, para revisar dicha decisión.

En agosto del 2005 la Corte de Atlanta había decidido, en un bien argumentado fallo de 93 páginas, revocar las condenas y anular el juicio. Anteriormente el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, había calificado de arbitraria e ilegal la detención de René, Gerardo, Ramón, Fernando y Antonio, y pedido al gobierno de los Estados Unidos que resolviera esa situación y restituyera el derecho de estos hombres.

Al insistir en la reconsideración del fallo, una vez más la Fiscalía —como viene haciendo desde el inicio del proceso—, manipula los hechos y falsea la verdad con el evidente objetivo de satisfacer los intereses de la mafia cubano-americana radicada en Miami, y hace lo indecible por mantener detenidos indefinidamente a nuestros Cinco compatriotas.

A la inapropiada conducta de esta institución que representa los intereses del gobierno, se ha unido la ola de intensos sentimientos de la comunidad miamense y la amplia publicidad, antes y durante el juicio, para crear una "tormenta perfecta" alrededor del proceso, expuesta claramente por los tres jueces en su fallo, y que los llevó a revocar las condenas.

JURISTAS ESTADOUNIDENSES PIDEN SE CUMPLA LA LEY

A los argumentos orales le anteceden informes presentados por la defensa en dos oportunidades. A mediados de diciembre, la Corte recibió —y luego admitió— dos Amicus presentados por prestigiosas organizaciones legales estadounidenses.

El Amicus consiste en una moción interpuesta por organizaciones interesadas en que se haga justicia y se respete el debido proceso en un caso determinado.

Uno de ellos está firmado por la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas (integrada por más de 12 000 miembros y con filiales que agrupan a otros 35 000), la Asociación Nacional Federal de Defensores Públicos (abogados de Oficio), y la Asociación de Abogados Criminalistas de la Florida, con más de 1 500 miembros.

Está centrado en la necesidad de que los acusados disfruten de las garantías de un proceso imparcial, según consagra la Constitución de los Estados Unidos. Tiene una particular importancia: una de las organizaciones que la suscribe es la de los Defensores Criminalistas de la Florida, que incluye a la única asociación de este tipo del condado de Miami Dade.

El otro lo rubrica el Gremio Nacional de Abogados, y está dirigido al derecho de contar con un jurado imparcial y la necesidad del debido proceso, de acuerdo con lo estipulado en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Este Amicus enfatiza en el error de la Corte de la Florida de no otorgar el cambio de sede solicitado por la defensa y en la conducta inapropiada del gobierno durante el juicio.

Luego de la presentación de estos Amicus, la Fiscalía radicó una moción solicitando a la Corte que no los aceptara.

Richard B. Rosenthal, un abogado de apelaciones de Miami, dijo que la comunidad legal del Sur de la Florida estaba atónita por la movida del gobierno. "Todos estamos sorprendidos," dijo. "Esos Amicus se permiten de manera rutinaria y la decisión del gobierno de retarlo huele a un acto de desesperación o de simple mezquindad."

"Nunca antes he visto al gobierno discutir esto", dijo Richard Klugh, abogado de la defensa.

El 13 de enero, en un proceder nada habitual, pues los Amicus son presentados voluntariamente por las organizaciones, la Fiscalía "buscó" el suyo; nada menos que el de la Asociación de Abogados Cubano-Americanos, que apoya sus argumentos como hizo años atrás al plegarse a las peticiones de la parentela y de la mafia anticubana en el caso del niño Elián González.

Una página más en este proceso político con ropaje de legal que muestra al mundo la doble moral de la administración de W. Bush: mientras dice luchar contra el terrorismo, encierra a Cinco luchadores antiterroristas y ampara a connotados y confesos criminales como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles.

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