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Una denuncia necesaria. El agravamiento de las amenazas de agresión militar directa al pueblo cubano.

La nación cubana enfrenta en la actual coyuntura una de las más peligrosas y graves amenazas al ejercicio de sus derechos a la libre determinación y al desarrollo, a partir de la escalada de agresiones y acciones hostiles del Gobierno de los Estados Unidos de América.

La libertad, soberanía y el derecho mismo a la vida de millones de cubanos, enfrentan por estos días desafíos sólo comparables a los conocidos por el pueblo de Cuba en períodos tales como la aplicación de la genocida política de exterminio y reconcentración por parte de las autoridades coloniales españolas a fines del siglo XIX, la ocupación militar norteamericana y la imposición al pueblo cubano de un régimen de dominación neocolonial, la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos en 1961 o la amenaza de exterminio nuclear durante la crisis de octubre de 1962.

La proyección y aplicación de una política exterior francamente fascista y de dominación imperial de la superpotencia mundial, ha concomitado con un incremento inusitado del acceso a los mecanismos de toma de decisiones en Estados Unidos por parte de la mafia terrorista cubanoamericana y la ultraderecha norteamericana, que históricamente han coincidido en promover la anexión de Cuba al gigante del Norte.

Cabe recordar, el relevante papel cumplido por la mafia terrorista cubanoamericana, en el fraude electoral de 1990 en el Estado de la Florida, que posibilitó a George W. Bush y a los sectores ultrarreaccionarios que representa usurpar el poder Ejecutivo en Estados Unidos, así como la activa participación de sus principales personeros en las maniobras políticas que aseguraron la reelección al actual mandatario. La actual administración norteamericana ha venido recrudeciendo sus acciones agresivas contra la nación cubana, en pago a los “favores recibidos” de los grupos más extremistas y anexionistas de la mafia anticubana de Miami.

No se trata de alegaciones inspiradas en un estado de paranoia tras más de 40 años de hostilidad y amenaza. Bastaría dar seguimiento a recientes acciones y declaraciones públicas de autoridades y diplomáticos norteamericanos.

El Gobierno de Estados Unidos nombró el 29 de julio de 2005 a Caleb McCarry, coordinador de su programa para promover una “transición democrática en Cuba". Ese cargo fue creado por una Comisión nombrada por el presidente Bush para articular un “cambio de régimen” en Cuba en función de las apetencias imperiales de Washington. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, expresó con el eufemismo e hipocresía imperial que caracteriza la política exterior de Estados Unidos hacia el pueblo cubano que McCarry dirigiría las acciones de nuestro Gobierno en apoyo de una Cuba "libre".

El programa para el “cambio de régimen” en Cuba elaborado por la Casa Blanca, ha sido denunciado por importantes analistas políticos como un macabro proyecto, que no excluye la agresión militar directa para reimponer un esquema de dominación a la Isla.

El Gobierno del presidente Bush, ha recrudecido hasta niveles extremos las medidas y prohibiciones del bloqueo contra el pueblo cubano, en franco desprecio a las sucesivas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas que han exigido el fin de esa política, y que en el 2004 fuera aprobada por el voto a favor de 179 Estados miembros de esa organización.

Dicha Administración ha establecido nuevas restricciones y prohibiciones a los intercambios culturales, deportivos, científicos y educativos entre Cuba y los Estados Unidos, negando a ambos pueblos el disfrute de las ventajas de esta cooperación bilateral mutuamente ventajosa.

Nuevos actos hostiles, irracionales y francamente violatorios del Derecho Internacional, han sido ejecutados por corruptos tribunales de la Florida –al servicio de la mafia terrorista de origen cubano– contra bienes y propiedades cubanas, todo esto con el visto bueno o la connivencia del Gobierno de los Estados Unidos. Para que se tenga una idea de los extremos a los que se ha llegado, se informa que el Departamento de Estado permitió a los tribunales de la Florida la incautación y subasta de aviones que son propiedad del Gobierno cubano, que habían sido conducidos ilegalmente al territorio de los Estados Unidos en acciones de terrorismo y piratería.

El pueblo cubano ha sido víctima por más de cuatro décadas de innumerables actos de terrorismo concebidos, financiados, apoyados o consentidos por las autoridades norteamericanas. Más de cinco mil cubanos y cubanas, han perdido la vida o han sido permanentemente mutilados como resultado de acciones terroristas llevadas a cabo contra nuestro país desde el territorio norteamericano, donde grupos terroristas de origen cubano mantienen públicamente varios campos de entrenamiento y realizan campañas de recaudación de fondos para sus criminales actividades a través de la prensa, la radio y la televisión.

Paralelamente, el Gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con tribunales corruptos de Miami y la mafia terrorista de origen cubano, tras un proceso judicial completamente amañado, condenó a largas penas, incluidas varias cadenas perpetuas, a Cinco heroicos jóvenes intelectuales cubanos. Su único “delito”, fue haber luchado denodadamente contra el terrorismo internacional, a riesgo de sus propias vidas, poniendo su talento y coraje en función de la búsqueda de información para la neutralización de las acciones de los grupos terroristas que actúan contra el pueblo cubano desde el territorio estadounidense.

Estos cinco jóvenes han sido víctimas por más de 7 años de las más inhumanas presiones y torturas físicas y sicológicas, con el fracasado objetivo de empujarlos a la renuncia de sus ideales patrióticos y humanistas. La integridad y resistencia de estos valerosos jóvenes, es una evidencia más de la decisión del pueblo cubano de defender su Revolución hasta las últimas consecuencias.

El pasado 27 de mayo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitió una opinión declarando arbitraria la detención de los Cinco patriotas cubanos en virtud de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.

Poco después, el 9 de agosto de 2005, los tres magistrados del Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta encargados de analizar la apelación presentada al amañado juicio, hicieron pública su decisión unánime de revocar las sentencias y ordenar un nuevo juicio. La Corte reconoció el derecho de los Cinco jóvenes cubanos a ser juzgados imparcialmente en una atmósfera no hostil y a tener un juicio justo.

Mientras mantiene secuestrados en sus prisiones a los Cinco jóvenes cubanos, el Gobierno de los Estados Unidos, que tanto alardea falsamente de promover la “libertad de prensa”, sigue empeñado en imponer la impunidad del silencio a sus pretensiones de brindar refugio seguro a terroristas de origen cubano entrenados y protegidos por sus servicios especiales, cuyo ejemplo más escandaloso y reciente es el de Luis Faustino Posada Carriles.

El 6 de octubre de 1976, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila –autor de 321 acciones terroristas y que pese a la opinión contraria del Departamento de Justicia recibió una autorización especial del presidente Bush (padre) para residir en Estados Unidos desde 1990–, provocaron el más monstruoso y brutal acto terrorista cometido en ese período: la explosión de bombas en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación, con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanos, 11 jóvenes guyaneses (6 de ellos seleccionados para estudiar medicina en Cuba) y 5 ciudadanos de la RPD de Corea. Todos perecieron.

Por este crimen, Posada Carriles fue acusado y encarcelado, hasta que en agosto de 1985, con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana y la complicidad de los servicios especiales de EE.UU. logró escapar.

El Gobierno de Venezuela, a tenor de los acuerdos bilaterales firmados con los EE.UU. y otros tratados internacionales de los que ambos países son partes, ha solicitado la extradición de Posada Carriles para procesarlo judicialmente. Dando la espalda a tan justo reclamo y con la clara intención de facilitar la impunidad al connotado terrorista, las autoridades norteamericanas iniciaron un complicado proceso para determinar su “condición migratoria”, después de haberle permitido permanecer por 2 meses en Miami sin haber sido molestado.

Es tan amplio y público su historial terrorista que el Juez William L. Abbott decidió el pasado 25 de julio de 2005 negarle la libertad bajo fianza, pues “debe estar detenido como medida de discreción por los cargos de terrorismo de 1976”.

A lo largo de más de cuatro décadas las sanciones y restricciones económicas han estado acompañadas de iniciativas para crear, financiar y dirigir una quinta columna contra el orden constitucional cubano. La Administración Bush ha potenciado la utilización de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, para proveer de medios, financiamiento e impartir instrucciones a grupos de mercenarios pagados y al servicio de la superpotencia, con el fin de que ejerzan su labor pro-anexionista en Cuba.

El pueblo cubano reafirma su derecho inalienable a la libre determinación y a la construcción de un futuro en el que primen la justicia social, la igualdad y la más plena libertad de todos los hombres y mujeres. A la defensa de esos derechos, Cuba dedica toda la fuerza que emana de las ideas que reivindica, con la convicción de que, en caso que fuera necesario, su pueblo marchará nuevamente a las montañas a batallar con el filo de sus machetes y la pólvora de sus fusiles por su libertad e independencia.

Cuba sabe que no está sola en su lucha por la verdad y la justicia. Cuenta con el apoyo inquebrantable y la solidaridad de muchos pueblos y gobiernos del mundo.

 

 

 

 

 


 
 

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